El diputado opositor Marcelo Pedrazas cuestionó la vigencia del Decreto Supremo N.º 4447, promulgado el 13 de enero de 2021 por el presidente Luis Arce Catacora. Según Pedrazas, este decreto contradice el discurso de transparencia del actual Procurador General del Estado, César Siles, a quien ha solicitado gestionar su abrogación para levantar la confidencialidad sobre la contratación de abogados internacionales y el resultado de los juicios y procesos arbitrales concluidos.

Pedrazas recordó que la expresidenta Jeanine Añez, el 13 de febrero de 2020, promulgó el Decreto Supremo N.º 4156, abrogando el Decreto N.º 2698 de Evo Morales, porque consideraba que era una puerta a la corrupción con la contratación directa de abogados internacionales. En su lugar, Añez estableció la modalidad de contratación por comparación de ofertas para servicios especializados.

No obstante, apenas dos meses y cinco días después de asumir la presidencia, Arce abrogó el decreto de Añez, retomando el sistema anterior de contratación directa. El artículo 5 del Decreto 4447 especifica que el Procurador debe enviar los contratos firmados a la Contraloría General del Estado una vez realizadas las contrataciones y registrar las contrataciones directas en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, después del periodo de confidencialidad estipulado en los contratos.

El diputado señaló que la Procuraduría ha informado varias veces la conclusión exitosa de arbitrajes internacionales con supuestos ahorros para el Estado. Dijo que esos contratos ya deberían estar bajo control de la Contraloría.

Enumeró el caso de Red Eléctrica Internacional S.A.U.; Pan American Energy LLC; Inversiones Econergy Bolivia Sociedad Anónima (GDF Suez S.A.); Carlson DividenFacility Sociedad Anónima; The Bolivian Generating Group LLC; Iberdrola Sociedad Anónima e Iberdrola Energía SAU; Paz Holdings Ltda; Jindal Steel Bolivia; Rerelec Plc; South American Silver Limited (SAS); Quirobax S.A. y Non Metallic Minerals Sociedad Anónima; y Banco Bilbao Vizcaya Sociedad Anónima.

En mayo de 2023, solicitó un informe a la Contraloría sobre si la Procuraduría General del Estado había enviado información sobre estas contrataciones. La respuesta de la Contralora interina Nora Mamani Cabrera fue que, según el Sistema CONTROLEG II, no había registro alguno relacionado con estas solicitudes, aunque aclaró que por reglamento no registra procesos contenciosos ni arbitrales.

Con el fin de lograr la transparencia en la contratación de bufetes de abogados, el 12 de diciembre de 2022, demandó la inconstitucionalidad del Artículo 5 del D.S. 4447. Sin embargo, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la admisión argumentando que no se precisó cómo se vulneraba el derecho y el acceso a la información y que no generaba una "duda razonable" sobre la constitucionalidad del decreto.

El diputado señala que esa respuesta de los magistrados Iván Espada y Brígida Vargas fue una forma de salir del paso, pues utilizaron una plantilla predeterminada con los mismos conceptos empleados habitualmente para rechazar la admisión de demandas cuando están dirigidas en contra el gobierno.

A pesar de que el Tribunal no analizó el fondo de la observación, Pedrazas cree que el procurador Siles tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia, promoviendo la abrogación del D.S. 4447.