La Región

Texto: Jimena Mercado / Imágenes y multimedia: Adriana Gutiérrez

La codicia de más de 100 operadoras mineras, entre empresas y cooperativas, pone en riesgo al municipio precolombino de Yanacachi, situado a 80 kilómetros de La Paz. Más del 90 por ciento de las operadoras asentadas en esta jurisdicción, no cuentan con un contrato administrativo minero ni adecuación minera, pero algunas se han dado a la tarea de dinamitar cerros boscosos, desviar ríos, amenazar de muerte a pobladores de comunidades enteras e incluso agredir a sus dirigentes.

Este municipio de Sud Yungas se erige entre los 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar (msnm). En su territorio conserva ruinas de asentamientos precolombinos, estampas del pasado colonial y un patrimonio arquitectónico único en la región.

No hace mucho, los vivientes del lugar se enteraron que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) “lo había concesionado todo”. Ello significa que le dieron derecho a cooperativistas que buscan oro a explotar la zona dividida en cuadrillas.

Sandra Choque, de la comunidad Chaco, asegura que nadie les consultó previamente. Ahora resulta —dice— que tanto su casa como las de sus vecinos e incluso las escuelitas fueron dadas en concesión.

Tal situación se repite en la comunidad Florida, sin que hasta ahora autoridades del Ministerio de Minería, Medio Ambiente o la propia AJAM hagan prevalecer los derechos de los propietarios. “¿Será que no nos escuchan porque (las concesiones) le generan ingresos al Estado?”, dice Sandra molesta.

“Nos querían matar”

A Genoveva M., madre de cuatro hijos, le cuesta hablar sobre lo que ocurrió el pasado14 de julio de 2023, cuando una comitiva de la comunidad Chaco decidió ir al cerro que está enfrente de su comunidad, al otro lado del río Unduavi. Hacía varios días que escuchaban dinamitazos y no entendían la razón.

“Hemos caminado tres horas y cuando ya nos estábamos regresando, nos han emboscado, nos han arrojado cachorros de dinamita. Fue en el Valle de las Flores, yo estaba en la camioneta del municipio de Yanacachi, estaba el Oficial Mayor, mi otro hijo se quedó con su papá. A él ya no lo agarraron los mineros, pero lo golpearon a mi esposo. A mi hija la querían sacar a la fuerza de la camioneta para abusar de ella”, relata con la voz entrecortada.

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Tal osadía llenó de coraje a la mujer, quien no solo defendió a su hija de 20 años, sino que también logró rescatar el celular que querían quitarle a la joven.

“También tenemos una prensa (periodista). A él también lo han agarrado y lo han golpeado, una pena, y a un señor de la tercera edad. A mí también me han pegado, nos han hecho de todo ahí arriba. Nos han querido matar”.

Genoveva asegura que hay 12 comunidades de Yanacachi afectadas por la situación: La Florida, Mocorim Motoncoro, Puente Villa, Santa Rosa, Yanacachi-Mina Chojlla, Chacala, Chaco, Ilumaya, Suiqui Milamilani, Yervani y Villa Aspiazu.

“He perdido a mis papás a causa de la minería”

Isaac Catacora, de la comunidad Tres Marías, con el duelo aún presente por la pérdida de sus padres en un deslizamiento, llegó hasta Yanacachi para hacer conocer su historia.

 “Hubo un deslizamiento porque se afectó la tierra con los movimientos que hicieron. Fue un jueves a la una de la madrugada, mientras mis papás dormían. Parte del río se llevó todo, yo he perdido a mi papá, a mi mamá”, relata con lágrimas.

Los recuerdos de esa fecha fatídica—11 de marzo de 2020—marcaron a Isaac.

“No tienen ninguna compasión (los cooperativistas), no hemos podido encontrar a mi papá, ni a mi mamá hasta el día de hoy. Hay otras familias (afectadas igual), hemos sacado a siete personas hasta Yervani, arrastrando los cadáveres ensangrentados hasta en carretilla. Llegamos a las nueve de la noche al lugar y no había ninguna ayuda”, relata.

El otro abuso con el que la gente de esta zona se ha enfrentado son los asentamientos en cultivos de flores de Tres Marías.

Isaac, quien es floricultor, advierte otro posible desastre, porque asegura que los mineros “están moviendo toneladas de tierra, desviando ríos, contaminando el agua dulce, avasallando zonas de cultivos y flores”.

Asedio a las viviendas

Ángel Inofuentes, dirigente de la Central La Florida que pertenece a la Federación Especial Única de Campesinos de Yanacachi, advierte que la comunidad tiene vocación floricultora.

“Ahora estamos seguros de que esta comunidad está totalmente afectada. Vamos a perder el campo deportivo, las viviendas sociales, las nuevas viviendas donde viven mis vecinos, el tinglado de la escuela, la escuelita, el centro de salud y muchas otras cosas más”, advierte tras conocer el mapa de las cuadrículas mineras.

Don Ángel, también habitante del lugar, denuncia que los cooperativistas ilegales perforan el cerro para hacer minas en socavón y en ese afán también están afectando una vía de tren que no está en uso.

“Me siento impotente, porque nuestro municipio no ha salido a defendernos. Por eso la comunidad se ha movilizado. Cuando subimos al cerro, no hemos ido con ganas de molestarlos (a los mineros), sino de verificar lo que estaban haciendo (…). Mi hijito de 11 años ha quedado traumado de lo que lo han pegado a su papá, si hubiera tenido (dinero) hubiera actuado por otros lados”, afirma desconsolado.

Lidia Canaviri, secretaria de Hacienda de la comunidad Chaco, responsabiliza a los mineros de San Vicente como los presuntos responsables de ingresar al municipio con maquinaria pesada, por la tala de árboles y la contaminación de sus aguas.

Según la dirigente, hay encubrimiento a la minería ilegal de parte de algunas autoridades. “Reparten como casino, les dan plata, les dan dinero y autorizan (las cuadrículas), pero para un pobre no hay justicia, y a nosotros nadie nos ha dado justicia”, dice.

Solo tres operadoras con contratos mineros

De acuerdo con el reporte de Datos &Hechos de Fundación Pueblo, durante el informe del concejal Marcial Gutiérrez de la Comisión de Tierra, Límites y Territorio; en Yanacachi operan más de 160 cooperativas y empresas mineras, pero solo tres por ciento de ellas paga regalías al Gobierno Municipal.

La senadora Cecilia Requena (CC) pidió un informe al respecto, y la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero identificó dos contratos administrativos mineros por adecuación y un contrato administrativo minero: la Cooperativa Minera Aurífera Progreso “15 de Diciembre” RL, la Cooperativa Minera Aurífera “Susisa” RL, y la Cooperativa Minera Aurífera “Puente Villa” RL.

“La AJAM nos respondió que debemos ser otro actor minero”

David Huanca, secretario general de la comunidad de Santa Rosa, se mostró preocupado porque la Empresa Minera Calepito SRL solicitó un contrato de derecho minero. De ser aprobado, afectaría los ríos Unduavi, Huajilaya y Takesi, que circundan las comunidades de Sacahuaya,  Chahuara, Santa Roza, Mocori y Quisno.

Ante tal situación, los dirigentes hicieron llegar un reclamo al director de la AJAM, Álvaro Antezana. “Según nos contestaron, no podemos reclamar si no somos otro concesionario de minas”, asegura.

Santa Rosa tiene 100 habitantes, que viven principalmente de la venta de hortalizas, la floricultura y otros productos agrícolas como la yuca, arveja, repollo, zanahoria y nabo, por lo que considera que es un atentado al derecho que tienen de contar con agua limpia.

“Nos hemos enterado mediante saneamiento de tierras, que tenemos títulos agrarios de aquí y del frente, pero sin realizar la consulta previa han tramitado los mineros y la AJAM  les quieren dar nomás las áreas para explotación”, sostiene Huanca.

La abogada María Elena Murillo señala que la Central Santa Rosa no solo presentó su rechazo a contratos administrativos mineros a favor de Calepito SRL.De acuerdo con el artículo 93 la Ley 535, no se puede dar concesiones cuando hay carreteras, “pero estas concesiones están afectando carreteras, postes de luz, viviendas que es otro de los impedimentos para dar este tipo de concesiones”, explica.

Sin embargo, la jurista no deja de sentirse sorprendida con la respuesta. “Nos ha respondido en agosto la AJAM indicando que para ser considerada nuestra oposición, tenemos que ser actores mineros”.

A Chalo Altamirano, presidente del Concejo Municipal de Yanacachi, se lo encuentra en la asamblea del pueblo. Confirma la contaminación generada por las actividades mineras, por lo cual asegura que se determinó exigir licencia ambiental para aquellas empresas o cooperativas que operan.

“En los ampliados de la federación donde hay recomendación de los hermanos, hemos acudido a diversas instancias como la AJAM; Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación para que vengan a realizar inspección en el sector de Las Tres Marías”, afirma.

Para él, el gobierno otorga áreas para la explotación aurífera y permite que se inicien las operaciones, sin que las operadoras mineras tengan licencia ambiental o cuenten con un contrato.

El investigador sobre temas agrarios y exdirector de Fundación Tierra, Miguel Urioste, señala que los conflictos sociales entre mineros y agricultores son cada vez más violentos y explícitos.

Observa que hay alcaldes, concejales y policías que se encuentran impotentes mirando lo que ocurre, porque la fuerza física y real de los cooperativistas mineros es mucho mayor, porque se sienten con el derecho de abusar de familias de campesinos, de comunarios y productores agropecuarios.

Bajo su perspectiva, todas las cooperativas auríferas mineras que están en Yanacachi son ilegales y, por tanto, todas contaminan el medioambiente y el agua.

“Hemos tenido acceso a un plano georeferenciado de las nuevas concesiones de la AJAM. La totalidad del municipio está entregada y partida en cuadrículas a diferentes cooperativas, desde las faldas del Mururata hasta el río Unduavi”, son miles de kilómetros cuadrados que están cuadriculados y entregados a cooperativas y empresas”, asegura.

Una relación de casi medio siglo

Miguel Urioste asegura tener una relación con Yanacachi de casi de medio siglo, cuando recién llegado de Sucre, se enamoró de Los Yungas y decidió quedarse.

A lo largo de este tiempo, vio cambios productivos en Yanacachi, pero que fueron para peor, por el desmonte, chaqueos y monocultivos. “Ya no se produce naranjas, antes se exportaba naranjas, ahora las que se compran son de El Chapare o de Caranavi, es un absurdo”, lamenta.

Prácticamente el abastecimiento de productos básicos, salvo la coca porque es un producto central, es externa.Y en las últimas décadas la invasión de las cooperativas mineras ya han contaminado los dos ríos principales: Takesi y Unduavi, sin que a nadie más que a los vivientes de la zona les importe la situación.