El abogado Carlos Romero afirmó este sábado que el comparendo de testigo dentro del caso Zapata, emitido por la presidente del Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz, Inés Tola Fernández, en contra de Evo Morales, es un hecho político supuestamente manejado por los Ministerios de Justicia y de la Presidencia para tapar la auto prórroga de los magistrados del Órgano Judicial. Aseguró que el expresidente no recibió ninguna notificación formal.

“La amenaza de supuesta aprehensión a Evo Morales (en caso de no presentarse) es parte del libreto coreográfico que habrá preparado seguramente la ministra de la Presidencia, con su amiga (Gabriela) Alcón, para decir que hay riesgo de mandamiento de aprehensión, cuando ni siquiera hay diligencia de notificación”, declaró en una conferencia realizada en la ciudad de Santa Cruz y transmitida por sus redes sociales.

Dijo que “Evo no tiene absolutamente nada que declarar” porque el caso Zapata “es un caso cerrado. Nunca existió hijo, nunca existió tía. Le pagaron 5 mil dólares a un matrimonio humilde, a un albañil para que preste al niño”, indicó.

El caso se refiere a la polémica información de febrero de 2016 cuando se conoció que el entonces presidente del Estado Plurinacional mantenía una relación sentimental con su exnovia, Gabriela Zapata Montaño, de cuya armonía habría nacido un niño que en principio se atribuyó la paternidad al expresidente Morales. El caso sigue abierto, y se investiga el supuesto delito de Trata de Personas.

Romero afirmó que Evo Morales es denunciante y para comprobar que no es el padre se habría sometido a exámenes de ADN y que la defensa de Zapata puso trabas al peritaje científico, pero terminó “confesando que todo había sido una mentira por la que había recibido dinero para dañar públicamente la imagen de Evo Morales”.

“Qué triste que el gobierno nacional de Arce Catacora, a través de su ministro de Justicia, esté operando de esta manera, inventándose comparendos para tratar de desviar (la atención sobre los bloqueos)” manifestó, señalando que el gobierno recurre a “estas patrañas”.

El excolaborador de Evo Morales evitó hacer más comentarios por entender que todo se aclaró en el ámbito de la justicia, ya que en su conferencia de prensa mostró publicaciones de prensa y un video grabado por la exnovia de Morales, donde menciona intenciones políticas para implicar al actual jefe del MAS.

Señaló que el gobierno intenta con este caso tapar el malestar del pueblo boliviano porque hay unos magistrados auto prorrogados que han protagonizado un golpe judicial por instrucciones del ministerio de Justicia y que “son unos piratas que están ejerciendo el cargo de manera abusiva”.

La confrontación entre el “evismo” y el gobierno surge a raíz de la Sentencia Constitucional 1010 emitida el 29 de diciembre de 2023 por el Tribunal Constitucional, mediante la cual inhabilita a Evo Morales de ser candidato presidencial del MAS incluso más allá del 2025.

El exministro de Gobierno sostuvo que el gobierno está utilizando el caso Zapata como una carta desesperada para proteger a sus “amiguitos corruptos que ilegalmente” ejercen el cargo de sus magistrados, provocando, según él, el rechazo de la población y la Relatora de las Naciones Unidas que se pronunció sobre la necesidad de realizar elecciones judiciales para sustituir a los actuales magistrados del Órgano Judicial.