El activista Mauricio B., quien fue aprehendido en 2022 en una marcha por la democracia, ya estaba listo para salir libre de la cárcel tras un procedimiento abreviado, sin embargo, le surgió otro proceso por parte del Ministerio de Defensa, por el cual le dictaron otra detención preventiva.

La información fue proporcionada por Fernando Hamdan, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, quien consideró este caso como otro icónico de la persecución política contra quienes se movilizan contra el Gobierno.

Mauricio fue aprehendido en julio de 2022, en una marcha multisectorial que se reclamaba democracia. Entonces, junto a otras dos personas, fue sindicado de portar escudos artesanales como parte de la Resistencia de La Paz.

Hamdan denunció que la primera irregularidad fue la participación de infiltrados militares en la marcha de julio de 2022. Señaló que Mauricio entonces fue encarcelado en base a un informe de inteligencia declarado en reserva.

Dijo que en febrero de 2023, se le otorgó a Mauricio su detención domiciliaria, pero no salió de la cárcel porque no tenía los 15 mil bolivianos de fianza.

Desesperado, el activista se acogió a juicio abreviado, recibiendo una sentencia reducida,  y el 18 de octubre se emitió su mandamiento de libertad, explicó Hamdan.

Sin embargo, la orden no se cumplió y el 26 de octubre llegó otra citación para que declare en un caso por terrorismo, a denuncia del Ministerio de Defensa.

Hamdan denunció que se dictó otra detención preventiva a Mauricio M., entre “gallos y medianoche”, porque el viernes declaró y después en el transcurso del fin de semana del  un juez fue a la cárcel de San Pedro para su audiencia, imponiéndole un abogado de oficio.

Criticó que se haya cautelado a Mauricio, dictándole seis meses de detención preventiva, sin una legítima defensa. Rechazó también que se le abra otro proceso por los mismos hechos ya juzgados.

Hamdam dijo que se trata de otro hecho de persecución política, como considera que ocurre con ejemplo con Marcel Rivas.

Considera que el Gobierno busca dar un “castigo ejemplarizador” a alguien que proteste en contra suya.

Aseveró que  este mes hubo mayores severidad en casos de persecución política, y cree que esto ocurre porque el Gobierno está débil políticamente y quiere demostrar fuerza.