La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reprogramó para el 17 de enero, la interpelación a los ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, luego que ambas autoridades  argumentaran imposibilidad de asistir este sábado al acto interpelatorio por razones de agenda y porque necesitan más tiempo para coordinar la respuesta a 33 preguntas relacionadas a las muertes en Sacaba y  Senkata.

Un grupo de ocho asambleístas del MAS planteó la interpelación contra las dos autoridades porque como cabeza de sector deben responder por la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en los operativos de noviembre en Sacaba en Cochabamba y la zona de Senkata en La Paz, donde fallecieron un total de 34 personas.

El diputado del MAS Julio Huaraya, reprochó la actitud de las autoridades de transición al rehuir explicaciones por “los hechos vinculados al golpe de estado al presidente Evo Morales, enlutando varias familias en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba”. A la asamblea de este sábado asistió casi la totalidad de la bancada del MAS y muy pocos diputados de Unidad Demócrata y del PDC.

López debe responder unas 15 preguntas, entre ellas si la orden de intervención de los militares fue dada por la Presidente transitoria del Estado o en su defecto por qué autoridad, mientras que Murillo tiene 18 preguntas relacionadas al accionar de la Policía Boliviana en los mismos hechos.

El interpelante considera que Murillo debe rendir cuentas ante el país porque en los últimos días se ha dado muchas atribuciones de ser juez, fiscal generando miedo y terror en todo el estado. “Este caballero tiene que venir a informar al pleno de la Asamblea Legislativa y seguramente esta instancia asumirá una decisión de acuerdo a lo que establece la Constitución Política y el Reglamento General”, manifestó a Erbol.

Señaló que es importante esclarecer estos hechos y que los responsables de tantas muertes deban ser juzgados con todo el peso de la ley. Los ocho interpelantes solicitaron saber la lista de los efectivos militares y policías que fueron desplazados en base al decreto 4078 que los libera de responsabilidad alguna.

Los asambleístas desean conocer en que normativa se basó el gobierno para crear el Grupo Especial de Acciones Tácticas Antiterroristas y si este grupo no va en contra de tratados y convenios internacionales de derechos humanos, cuánto de presupuesto se le ha asignado  y qué características legales e institucionales tiene este grupo y cuál es personal que tiene.

Los ministros argumentaron la necesidad de tener más tiempo para de coordinar respuestas a varias interrogantes, por lo que solicitaron postergación, pero el oficialismo que tiene el control de la Asamblea, decidió otorgar una semana más de plazo.