La Paz, septiembre de 2024 (ANA).- Se trata de los parques Madidi (La Paz) y Tariquía (Tarija) en Bolivia con Yasuní en Ecuador, este último que ha logrado la categoría de área intangible y tanto el ingreso como toda actividad depredadora están prohibidas en el sector, en beneficio de los pueblos que viven allí en aislamiento. Ahora, representantes de estas áreas protegidas sacaron un comunicado conjunto que reivindica la lucha unitaria por la defensa de sus territorios.

El comunicado emitido el 29 de septiembre es una declaración conjunta que bajo el lema de luchar por el territorio es luchar por la vida, enfatiza en hacer conjuntas las movilizaciones orientadas a evitar que instancias ajenas mellen las áreas protegidas (AP), territorio de pueblos indígenas, así como hábitat de una flora y fauna megadiversas:

“Hoy, en esta ciudad de La Paz, fundada en la dignidad de los ancestros que dijeron ser la “tumba de tiranos”, nosotros defensores del YASUNÍ, defensores de TARIQUÍA, del MADIDI y de todo territorio y espacio de vida donde siempre estará vivo el amor por la Madre Tierra, hacemos pública nuestra voluntad de aunar nuestras luchas, hacer visible nuestra alianza y la fuerza de nuestra articulación”.

Latinoamérica, víctima de la depredación y el desarrollismo

El evento denominado “Solidaridades sin Fronteras”, auspiciado por Contiocap (Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas), la mancomunidad de Comunidades Indígenas (ríos Beni-Tuichi-Quiquibey), la subcentral Tariquía y el centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), mismo que se realizó en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, contó con la participación presencial de representantes de las áreas protegidas de Bolivia y Ecuador.

La declaración conjunta considera que el continente es víctima de la arremetida de poderes aliados, de empresas y gobiernos que pretenden extraer y apropiarse de bienes naturales en desmedro de la naturaleza, sus ecosistemas, la flora, fauna y pueblos indígenas, provocando despojo, muerte y contaminación.

“Repiten así, otra vez, la fatalidad de ciclos de altos precios de materias primas, en los que las penas se quedan con nosotros y las riquezas se llevan otros, aumentando así la desigualdad social y la irracionalidad de un “desarrollo” que destruye la naturaleza y los territorios, que son la base donde se construye la vida de los pueblos”.

En ese sentido en el comunicado las organizaciones firmantes reconocen que tanto en Bolivia como en otros países del sector, existen normativas que van desde la misma Constitución Política del Estado, pasando por leyes y otras normas orientadas a la defensa de la naturaleza, pero que pese a ello, son vulneradas por gobiernos, empresas y otras instancias que solamente ven el beneficio inmediato sin tomar conciencia de que mucho más temprano que tarde esos bienes que saquean, son fundamentales para toda forma de vida, como ya está sucediendo con el oxígeno y con el agua.

“Pero este saqueo no nos ha dejado pasivos ni sumisos. En todos los territorios y comunidades de América Latina, en los valles y montañas, en los páramos y la selva, nos levantamos y resistimos contra la arremetida de empresas petroleras y mineras, saqueadores de riquezas, mercaderes de tierras, gobiernos corruptos serviles a los grandes capitalistas. A la voracidad de sus proyectos, les hemos opuesto la dignidad de nuestras luchas por derechos”.

Intangibilidad del Parque Yasuní, un ejemplo a seguir

Alexandra Almeida, miembro del equipo de Acción Ecológica de Ecuador y también del del equipo central de “Yasunidos”, se refirió a las características de ese parque ecuatoriano que gracias a la movilización de sus pueblos ha logrado alcanzar la categoría de intangibilidad pese a los intentos de diferentes instancias de ingresar a esos lugares para explotar los bienes naturales.

“Entonces ahí, en el parque Nacional Yasuní (Tierra sagrada), tenemos categorías de parque nacional, categorías de reserva mundial de la biosfera, así declarada por la Unesco, y también área intangible, es decir que, porque ahí viven pueblos aislados, no se puede entrar libremente”. La representante ecuatoriana especificó que son tres los pueblos indígenas aislados que habitan el sector intangible y están amparados por la constitución política de ese país.

“Es importante que, en Bolivia, también sigan el ejemplo de Ecuador, tienen (Uds.) unas áreas bellísimas, unos pueblos impresionantes y defensores de la naturaleza y de los derechos que es necesario que toda la población apoye esta lucha”.

Explotación petrolera

Por su parte, Francisco Romero, miembro de la directiva de la subcentral Tariquía y vicepresidente del comité de Gestión de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, se refirió a las consecuencias que viene provocando la explotación petrolera en ese parque nacional, donde no han sido correspondientemente consultadas al efecto las comunidades del sector.

“Por el momento se han hecho planchadas, se han hecho caminos, se ha hecho deforestación, y lo que no estamos de acuerdo es que se haga esta actividad dentro de las áreas protegidas porque son el único sitio boscoso que tenemos ya en Tarija, y este sitio cumple funciones ambientales para el ecosistema muy importantes para la salud de la población, entonces las aguas se están secando considerablemente, o sea ya estamos llegando al borde del colapso, por eso los ríos están acabando sus aguas, las sequías son muy fuertes y eso nos hace ver que estamos en peligro”.

El representante tarijeño enfatizó que lo que los pueblos del sector solicitan es que se respeten las normativas legales que establecen la creación del AP Tariquía (D.S. N°22277 en 1989 y bajo Ley N° 1328 del 23 de abril de 1992) en relación a que no se pueden sacar recursos naturales con fines comerciales de esa área.

“Entonces nosotros no podemos vender una tabla afuera del límite de la reserva, aun cuando tengamos necesidad por enfermedad, por alguna cosa, no podemos nosotros vender, yo no puedo sacar a la ciudad de Tarija, pero las empresas transnacionales, empresas grandes, ellos pueden desmontar, ellos pueden hacer todo, ellos pueden sacar, pueden vender, ellos pueden todo, no es justo”, puntualizó Romero, que también observó que pese a ser Tariquía una región que produce gas, ellos no tienen ni gas domiciliario y deben cocinar a leña.

“Muchos conocen que hay la Contiocap que ha nacido en el corazón de Tariquía, con once territorios, Bolivia cuenta con 32 territorios en defensa, algunos en AP, otros no en AP, unos afectados por petroleras, otros por mineras y otros por hidroeléctricas, entonces estamos unidos, ahora queremos unirnos más con compañeros del Ecuador, como ellos ya tienen una experiencia, y ver cómo luchar de forma conjunta y lograr hacer respetar nuestros territorios, nuestros derechos”, finalizó.

Parque Madidi, permanentemente avasallada por el lucro y la codicia

Era infaltable la presencia de un representante de una de las áreas protegidas más emblemáticas no solamente de Bolivia, sino del mundo, ello por su enorme biodiversidad, gran belleza paisajística y riqueza ecosistémica que alberga, pues cabe recordar que hacia el norte del sector también habitan pueblos amazónicos no contactados como la nación Toromona, legalmente reconocida por la misma Constitución Política del Estado boliviano.

Dicho representante es Domingo Ocampo, quien estuvo presente en el acto que reunió a voceros de pueblos de parques nacionales de Bolivia y Ecuador, él es de la comunidad de Torewa (parte del pueblo Leco de Apolo) y miembro de la directiva de la mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización interétnica que nació alrededor del año 2000 con el objetivo de defender los territorios indígenas en esas cuencas del sector.

En tal sentido dejó su mensaje relativo a la importancia de consultar a los pueblos que habitan esos lugares, preservar esos sitios naturales, las áreas protegidas, de toda actividad que, como la minería, provoca deforestación, debilitamiento de los suelos, caza de especies silvestres, trata y tráfico de personas y otras actividades ilegales y dañinas que requieren que las autoridades tomen cartas en el asunto para de una vez evitarlas en los hechos y no solo con declaraciones.