Fuente: EUROPA PRESS

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado que "está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el apoyo a los ataques del régimen de Ortega a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y la represión de las organizaciones de la sociedad civil".

"Desde agosto, el presidente (de Nicaragua) Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han cerrado y confiscado la Universidad Centroamericana y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, dos de los centros de educación superior más renombrados del país, bajo pretextos arbitrarios e infundados", ha explicado el organismo en un comunicado publicado este viernes.

En la nota se añade que los dos mandatarios "han apuntado a instituciones académicas independientes, alterando las esperanzas y los sueños de los nicaragüenses que buscan construir un futuro mejor en su patria".

Hasta el momento, Estados Unidos ha restringido la elegilibilidad de visados para más de 1.000 funcionarios nicaragüenses, incluidos los que han estado involucrados en abusos de Derechos Humanos, represión de voces independientes y corrupción. "Quienes participan en la represión y niegan los Derechos Humanos a sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a Estados Unidos", ha explicado.

"Renovamos nuestro llamado a las autoridades nicaragüenses para que liberen a quienes están injustamente detenidos por su valiente apoyo a una sociedad civil libre y a la libertad de conciencia, incluido el obispo Rolando Álvarez", ha recordado, a lo que ha agregado que "Estados Unidos continúa trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de las personas que socavan la democracia en Nicaragua". "Seguimos comprometidos a promover el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense", ha reiterado.

Por último, ha explicado que esta acción se ha tomado de conformidad con la Proclamación Presidencial 10309, "que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes para miembros del Gobierno de Nicaragua y otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas".