La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, exhortó a las concejalas municipales a concretar la adecuación normativa interna y hacer seguimiento para prevenir y sancionar en el plano administrativo casos de acoso y violencia política.

Cruz llamó a la reflexión durante el lanzamiento de la campaña “Mujeres en la política, democracia sin violencia”, organizado por la “Coordinadora País de la Alianza por la Solidaridad” a cargo de Gioconda Diéguez, con el apoyo de la Embajada de España en Bolivia y la participación del Senado Nacional, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia, (Amadbol).

En la oportunidad, recordó que la necesidad de empoderar a la mujer en la política, surgió tras la muerte de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe, quien fue asesinada el 2012 y en homenaje a ella se aprobó la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.   

Sin embargo, a casi 10 años de vigencia, el Ministerio Público no ha logrado una sentencia en el caso de Juan Quispe, así como que también en otros que no tuvieron ningún resultado, según manifestó. A la fecha solo existen cuatro sentencias por acoso y violencia política a nivel nacional.

Explicó que según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el 2021 se registraron 541 procesos, de los cuales 54 están en curso y 527 ha sido cerrados y archivados porque, lastimosamente, no han contado con el fortalecimiento de la investigación, precisó la autoridad.

Dijo que, a consecuencia de los hechos de violencia contra una asambleísta departamental en Santa Cruz, el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de Autonomías en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de las Oportunidades, hicieron una revisión sobre la adecuación normativa en el ámbito administrativo municipal y departamental.

Lograron revisar 120 concejos municipales, de los cuales 73 cuentan con sus comités de ética y con normas de prevención, atención y sanción contra la violencia y acoso político en el área administrativa y 78 no tienen avances.

“Compañeras, hay que reconocer y ser autocríticas. El 2021 dijimos no descuidar ese tema, pero hay poco avance. Tenemos que explotar desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras la oportunidad de impulsar esa adecuación, porque si la justicia penal y la justicia constitucional llegan a ser lejanas, en el propio Concejo Municipal podemos encontrar respuestas para prevenir y sancionar”, manifestó.

En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, explicó que nueve han señalado que no adecuaron su normativa, sin embargo, como autoridad se enteró que al menos siete sí habían adecuado, pero que las propias instancias de deliberación no sabían de sus propios avances, por lo que también pidió a las asambleístas mujeres retomar el interés de aplicar normas destinadas para prevenir casos de violencia y acoso político en todo el país.