AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Investigación e imágenes: Jimena Mercado Producción multimedia: Adriana Gutiérrez

“Cuando está haciendo la consulta previa la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), las comunidades están rechazando rotundamente la minería, porque no queremos que nos arruinen esas tierras que todavía tenemos para los cultivos”, afirma Hilarión Mamani, subalcalde de Mayaya, quien se da cuenta –algo tarde- que el precio que Mayaya está pagando por sacar oro del río Kaka en sociedades ilegales con capitales extranjeros, es demasiado alto.

El hambre de los dragones chinos es insaciable; desde que arribaron a la Amazonía el 2018 –casi al mismo tiempo que los planchones colombianos­– se devoraron cientos de toneladas de oro, pero van por más, son 1.722 cuadrículas  -equivalentes a 43.050 hectáreas- las comprometidas para la explotación aurífera, tan solo en el río Kaka del departamento de La Paz.

Las cooperativas auríferas locales se asociaron de manera ilegal con los capitales extranjeros y maquillaron sus relaciones en los últimos años bajo la figura de “contratos de prestación de servicios”.

La AJAM –que no transparentó su información para la Agencia de Noticias Ambientales- ni respondió a los requerimientos, cuadriculó el río Kaka, sobre 130 kilómetros del afluente, que va desde la unión de los ríos Mapiri y Atén hasta cerca del río Beni, el segundo en importancia en el país, después del Madre de Dios.

Desde hace poco más de cinco años, cuando la AJAM admitió que las operaciones mineras en el río Kaka en el departamento de La Paz eran ilegales -tras destaparse desde la prensa las sociedades ilegales entre cooperativas locales y capitales extranjeros- la entidad estatal se propuso luchar contra la minería ilegal, pero no con mayor regulación y control a los operadores mineros, sino agilizando sus trámites administrativos, como respuesta a la presión de los interesados.

En un recorrido en bote a motor fuera de borda, desde la población beniana de Rurrenabaque hasta el municipio de Teoponte, bordeando el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integral Madidi, la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y la comunidad de Mayaya, clave para el intercambio comercial y de servicios, ANA logró georeferenciar más de 40 áreas de explotación aurífera, donde operan más de 20 dragas chinas, cerca de diez planchones colombianos y otras diez zonas de explotación a cielo abierto.

Las dragas a su paso han dejado ríos contaminados, sedimentos, toneladas de chatarra de maquinaria en desuso, desmontes y deforestación, destruyeron las orillas del río Kaka y dejaron en su lugar promontorios de piedras en las playas que antes eran fértiles.

“De aquí (Mayaya) salían a diario por lo menos 10 a 15 camiones de yuca, papaya, sandía, todo lo que se producía, tomates, zapallos; pero ahora las orillas del río que eran playas se han convertido en área aurífera y lo han degradado el suelo”, señala Mamani, quien vivió en la comunidad desde 1970, cuatro años después de su creación.

“Los extranjeros se llevan el 80%”

La presencia extranjera en Mayaya se evidencia a cada paso. “Mira, los extranjeros que son los chinos, los colombianos, los peruanos, todos los que son extranjeros, ¿por qué llegan? porque existen cooperativas constituidas legalmente y están conformadas por los mismos bolivianos, mayayeños, entonces a través de las cooperativas llegan”, explica.

A pesar que destaca que la minería aurífera dinamizó la economía en Mayaya, donde la población creció a más de 5.000 personas, a la par de las nuevas construcciones de viviendas, admite que a la hora de cerrar trato son los extranjeros los que imponen condiciones de trato.

“Y los inversionistas extranjeros cuando vienen, dicen: yo me voy a llevar 70%, 80%, ustedes se van a quedar con tanto (…). Antes era 30% para las cooperativas, pero ha bajado a 25%, porque los inversionistas dicen que aumentó el costo de operación”, asegura.

La narración de Mamani coincide con la de una socia cooperativista, quien fue dirigente campesina. Ella asegura que las cooperativas aceptan las condiciones que imponen los extranjeros porque no cuentan con la tecnología que ofrecen los chinos y los colombianos, pero que el control lo realizan a través de turnos, donde designan a un “sereno” para verificar la cantidad de oro que se extrae.

El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda, en marzo de este año, reconoció las sociedades ilegales entre algunas cooperativas con empresas extranjeras. Dijo entonces que las cooperativas se ven “tentadas” ante la necesidad de mecanizar sus operaciones y la burocracia estatal a la hora de emitir autorizaciones.

“A veces nos vemos obligados, tentados de llegar a acuerdos con estos compañeros extranjeros porque ellos también te ofrecen: te vamos a entregar maquinaria, tornamesas, volquetas y ustedes van a trabajar en concomitancia con la empresa, ya que el cooperativista no tiene fondos”, se sinceró entonces.

Se abre paso el monopolio

Si bien, la reconfiguración de los actores mineros en el río Kaka asciende a 63, entre las que destacan 25 cooperativas y 38 empresas, entre Ltda, SRL, y unipersonales, sólo tres acaparan el 72% de la superficie destinada a la extracción del oro.

Se trata de la Cooperativa Minera Aurífera San José de Asilahuara RL (237),  la empresa a nombre de Martha Betty Céspedes Camacho y Eduardo Asebey Salas (208) y la Cooperativa Minera Aurífera Camaleo RL (793), que concentran un total de 1.238 cuadrículas; es decir, 30.950 hectáreas.

Jaime Cuéllar, abogado especializado en minería ilegal, afirma que el motivo para que las empresas chinas y colombianas se asienten en Bolivia, esencialmente es por la falta de control estatal.

“Migrar a Bolivia con una visa de trabajo, una residencia permanente o temporal es bastante sencillo, tienes que presentar un contrato de trabajo y la verificación de domicilio y Migración sin mayores preámbulos te otorga esos documentos (…).

El jurista considera que ante las facilidades que otorga el Estado a través de sus instituciones, se propicia que empresas relacionadas al rubro minero, pero también “bandas criminales” que cometen delitos trasnacionales se instalen en el país.

“Hay un descontrol por parte de autoridades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Impuestos Nacionales, la Autoridad de Empresas, el Ministerio de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), todas las relacionadas al rubro minero. Y, en el marco de las debilidades normativas e institucionales se dan los insumos perfectos para que ellos se puedan asentar en Bolivia”, asegura.

Detalla que la minería ilegal se beneficia de combustibles subvencionados, insumos y maquinaria de fácil acceso, incluso con arancel cero en caso de importaciones, no cumplen con su licencia ambiental, entre otros aspectos.

“En Perú están prohibidas las dragas sobre cuerpos de agua”

El experto en Derecho Ambiental, el peruano César Ipenza aplaude la destrucción de balsas auríferas en el Madre de Dios y acota que para “grandes males, también hay grandes respuestas”.

En entrevista con ANA, destaca que el río Madre de Dios en su país sea un caso emblemático, porque ahí surgió toda la lucha contra la minería ilegal y también empezaron las medidas para prohibir el uso de equipos o artefactos similares o dragas sobre los cuerpos de agua.

“En Perú está prohibido el uso de dragas sobre cuerpos de agua porque tenemos todo un desarrollo y un análisis que demuestra los graves e irreversibles impactos que genera la actividad de dragados sobre los cuerpos de agua, entonces incluso nuestro máximo Órgano que interpreta la constitución, el año 2012 el Tribunal Constitucional ha confirmado que está prohibido usar este tipo de equipos o artefactos”, destaca.

“Bolivia ha dilatado el Observatorio Andino del Mercurio” 

El especialista en Derecho Ambiental vinculado a la minería afirma que siempre tuvo una posición crítica a la actitud del gobierno boliviano frente al tema del mercurio, debido a que Bolivia se convirtió en el segundo importador del mercurio del mundo después de la India.

“Yo he sido funcionario público en el pasado y en algunas reuniones de mercurio con Ecuador, con Colombia y también con Brasil, todos miraban hacia el Perú como el responsable de la importación o el ingreso de mercurio hacia Ecuador y luego Colombia, y cuando nosotros contrastamos nuestra realidad es que en el Perú no se importaba mercurio en esa dimensión y todo el mercurio provenía más bien de Bolivia”, señala.

En esa línea señala que la Comunidad Andina tiene una política aprobada desde el año 2012 de lucha contra la minería ilegal que no se está cumpliendo en todos los países miembros.  “No quiero ser crítico más allá, pero simplemente creo que también deberíamos ver esas obligaciones que los países han asumido y por otro lado también ha surgido otra decisión andina para crear el Observatorio Andino del Mercurio y lamentablemente allí también Bolivia de alguna manera ha dilatado su funcionamiento”, sostiene.

“Casi toda la minería aurífera es ilegal”

Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y autor del estudio: “El negocio del mercurio en Bolivia”, tras hacer un análisis técnico legal sobre el estado de situación de la minería aurífera en el país, afirma que casi toda la minería en torno al oro es ilegal porque no cumple varios parámetros y requisitos para ser considerada legal.

“Las cooperativas por definición tienen un fin social, eso dice la norma, son un grupo de personas que se organizan para poder sobrevivir, se reúnen, trabajan. No hay dueño de la cooperativa, todos son dueños de la cooperativa, pero en el trabajo pueden necesitar una contratación que no sea propia de la cooperativa, como la cocina por ejemplo, ahí pueden contratar a un tercero pero no pueden contratar mineros, porque sería un contrato laboral”, explica.

Campanini advierte que más grave aún es la figura donde las cooperativas hacen contratos con terceros extranjeros, que tienen ciertas limitaciones para acceder a derechos mineros.

“Entonces, ésta asociación con empresarios de capitales chinos y de otras nacionalidades, también tergiversa esta razón de ser de la cooperativa. Seguramente muchas de estas cooperativas ya no realizan la actividad minera y prefieren subcontratar a un tercero que tiene maquinaria, tecnología y ahí se comportan como dueños de los derechos, incumpliendo la razón de ser cooperativas”, advierte.

Campanini habla de terciarización de contratos a cargo de las cooperativas, al margen del derecho que el Estado les ha otorgado sobre un recurso no renovable de todos los bolivianos.

Al referirse a la intervención en el río Madre de Dios por la AJAM y las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía, donde se hizo explotar varias balsas auríferas por considerar sus operaciones ilegales, el experto hace notar que varias de ellas contaban con licencias ambientales e incluso sus concesiones eran de antes de la ley minera de 2014, pero que realizaban sus operaciones fuera de la zona autorizada.

“No operaban en la zona donde detentaban su concesión minera, entonces estaban incumpliendo una parte de toda esta normativa, y por ende, estaban incurriendo en la ilegalidad (…). Hay tantas balsas en el Madre de Dios que todo se concentra solo en los espacios de las concesiones ya existentes que es prácticamente imposible porque han saturado el nivel de extracción del oro”, afirma.

Contaminación por mercurio

El toxicólogo de la Universidad de Cartagena de Colombia, en octubre de 2022 dio a conocer los resultados del estudio de contaminación por mercurio en el organismo de 700 indígenas de la Amazonía, en un trabajo coordinado con el Cedib y varias organizaciones indígenas.

Las muestras levantadas de mercurio en cabello a casi 700 personas de comunidades y poblaciones indígenas y rurales ribereñas de los ríos Beni, Madre de Dios y  Mamoré de todas las edades, además de 139 peces.

Bajo la dirección del toxicólogo, los muestreos de cabello se recogieron en las comunidades de Puerto Pérez, Las Mercedes, Toromona, El Tigre, Loreto, Genechiquia, Palestina, Trinidacito, Miraflores y Cachuela Esperanza del Río Madre de Dios; Barranco Colorado y Palma Sola en el Río Mamoré, además de Asunción, San Miguel, San José de Uchupiamonas, Comunidad Indígena Nómada Eyiyoquibo (Ese ejjas) y la población rural de Rurrenabaque que habitan sobre el Río Beni.

De acuerdo a los cuadros exhibidos, en el río Madre de Dios los indicadores de contaminación por mercurio oscilan en promedio entre dos y ocho partes por millón, pero un caso, precisamente de la joven mujer cocinera de la comunidad El Tigre, llega hasta 114 ppm.

En el caso del Río Mamoré, el promedio de contaminación de mercurio en las personas osciló entre dos y seis ppm, lo cual, según el investigador, no es de extrema preocupación.

Las muestras en el río Beni, muestran una media entre seis y 18 ppm, con algunos picos que llegaron a 26 y 28 ppm; es decir, con niveles más altos que los registrados en el Mamoré. La comunidad Eyiyoquibo del pueblo Esse Ejjas resultó el más afectado.

Dicho estudio halló a una mujer -que trabaja como cocinera en una balsa aurífera- con un nivel récord, equivalente a 100 partes por millón (ppm) de mercurio en su organismo.

“Fue un caso excepcional, y dentro de la muestra pueden darse esos picos; se trata de una mujer de 26 años que trabaja como cocinera en una balsa aurífera (…). No sabemos cómo se contaminó, pero tenemos cierta certeza de que el mercurio no se depositó en el cabello, sino en la sangre”, explicó entonces.

El Organismo Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones internacionales, consideran como “aceptable” una parte por millón de mercurio en los organismos humanos, para garantizar que la salud no esté impactada. La medición tiene que ver con el mercurio en cabello.

Un estudio científico realizado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a iniciativa de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) reveló que el 74.5% de indígenas de seis pueblos de la cuenca del Beni presenta contaminación por mercurio.

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