Después de que el Gobierno lanzó una advertencia para seguirle acciones judiciales, el magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), Gustavo García Brito, afirmó que el proceso en su contra, por presunta usurpación de funciones, ya ha sido cerrado en el ámbito penal.

La semana pasada, el ministro de Justicia, Iván Lima, criticó a Brito por haber sido designado como magistrado en el Gobierno de Jeanine Añez y haber avalado un fallo que obliga a Bolivia a vender combustible a precio subvencionado también para transportistas extranjeros en el país. En ese marco, advirtió que el juez no quedaría impune y se seguiría el proceso en su contra por presuntas irregularidades en su nombramiento.

El magistrado García Brito explicó que tenía en su contra un proceso por usurpación de funciones, por una denuncia de la Cancillería, sin embargo, la Fiscalía determinó rechazar ese caso.

Explicó que la figura de usurpación de funciones se aplica a proteger a cargos públicos de Bolivia, pero él forma parte del Sistema Andino de Integración que es una estructura aparte.    

“Este proceso es tan infundado, tan absurdo, que el propio fiscal de materia que llevaba adelante la investigación rechaza la denuncia formulada por la Cancillería y, además, en el plazo previsto por la ley no se presenta ningún tipo de objeciones de rechazo, de tal manera que este proceso penal está cerrado en Bolivia y ha concluido”, manifestó en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Según la documentación del caso, la Cancillería fue notificada con el rechazo de la denuncia el 5 de julio de 2023. García Brito acotó que ya ha transcurrido el plazo para presentar objeciones y que al no haberlas, el caso está cerrado.

Señaló que, al advertir el grado de presión política, él y los magistrados suplentes han presentado renuncia al cargo. Ahora esperan que el Tribunal trate este tema, debata acerca de la independencia judicial y se pronuncie respecto a si acepta las dimisiones.

Justifica su designación y el fallo

La denuncia contra García Brito se basaba en que, supuestamente, la gestión para designar al magistrado por Bolivia fue realizada por un Encargado de Negocios y no un Embajador Plenipotenciario.     

García Brito señaló que para el trámite de elección de magistrados, basta que el representante de un Estado tenga la acreditación de “plenos poderes”, que pueden ser conferidos por un canciller.

“Evidentemente el Encargado de Negocios al interior de Bolivia acude a esta reunión con los plenos poderes otorgados por la entonces Canciller y fíjense que en la misma reunión, el representante peruano era del mismo modo un Encargado de Negocios acreditado por su gobierno en la misma forma”, acotó.

Respecto al fallo cuestionado sobre el combustible, el magistrado justificó que vender los carburantes a precio diferenciado vulnera el principio de no discriminación, transparencia y libre competencia que están expresamente regulados en las normas andinas. Agregó que la misma figura se aplicó a Ecuador.