El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el mega operativo realizado en el municipio de Riberalta surgió en reportes de Inteligencia que llegaron el 30 de junio a esa cartera de Estado y a partir de estos datos solicitaron información a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para saber si cumplían los requisitos pre establecidos.

“La AJAM nos responde el pasado 5 de julio manifestando que toda la minería que existía en la comunidad Candelaria y Miraflores, era ilegal, por tanto, era nocivo para la vida y la integridad de todas las futuras generaciones que se encuentran asentadas dentro esta parte del territorio nacional”, declaró al canal estatal.

Del Castillo aseguró que como Ministerio de Gobierno presentaron denuncia ante el Ministerio Público, se abrió todo un proceso y se iniciaron todos los operativos de Inteligencia lo que permitió destruir 27 dragas y afectar por un valor de 1.5 millones de dólares a estas actividades ilícitas y la aprehensión de 57 personas.

Explicó que ahora el trabajo del Ministerio Público y la justicia boliviana es individualizar la conducta de cada una de estas personas y saber si existía explotación laboral y cuál es la relación de todas estas personas en toda la actividad ilícita.

Aclaró que, si bien este operativo se desarrolló por iniciativa del Ministerio de Gobierno, hay otros ministerios de Minería, de Medio Ambiente y Aguas, de Salud que serán los encargados de conformar una mesa de trabajo para evaluar todos los impactos negativos que tiene la minería ilegal o nociva para el pueblo boliviano y la Madre Tierra.

En relación a los detenidos en Riberalta, dijo que el cien por ciento son bolivianos, 54 varones y tres mujeres a quienes se les ha respetado todos y cada uno de sus derechos desde el momento de su aprehensión hasta su puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes, indicó.

Precisó que, una vez detenidos en Riberalta, fueron trasladadas a Cobija y posteriormente llevados a la ciudad de La Paz, donde se les brindó alimentación, salud y se atendieron todas y cada una de las necesidades de las personas privadas de libertad, por tanto, se comunica que no se han transgredido sus derechos.

La autoridad manifestó que ahora hay que esperar que la justicia ordinaria defina la situación jurídica de las personas.