A nueve años de haberse promulgado el 9 de julio de 2013 la Ley N° 387 del Ejercicio de la Abogacía, varios colegios de abogados cayeron en una aguda crisis económica e institucional y buscan la forma de reinventarse ante la falta de recursos para sustentar gastos propios y recuperar prestigio ante la sociedad.

Esos temas se convierten en ejes del debate en cada elección interna y se constituye en un motivo de crítica a la gestión saliente y en una oportunidad para los que intentan acceder a la conducción de las entidades que perdieron espacios de referencia ante la sociedad.

Un diagnóstico atribuye de manera coincidente a la vigencia de la Ley 387 que ha golpeado a los colegios con menor cantidad de colegiados, como el caso de Pando y Tarija, mientras en otras regiones, sus directivos sustentan el funcionamiento con recursos externos, como ser alquileres.

Hasta antes de la vigencia de esta ley, el profesional abogado para obtener su matrícula y habilitar su firma, debía pagar entre 400 a 500 dólares, pero con el Registro Público de Abogados -efecto de la Ley 387- la habilitación es gratuita porque ahora es el Estado, a través del Ministerio de Justicia, el que habilita.

A manera de referencia, en Cochabamba el promedio de afiliación es de uno a cuatro abogados por mes, en La Paz en cada posesión el número de afiliados alcanza a menos de 100 nuevos miembros bimestral o trimestralmente.

Dependiendo las regiones, el nivel de cuotas oscila entre 10 a 20 bolivianos mes, además que no alcanza, es escaza la cantidad de afiliados que pagan, engrosando una larga lista de deudores y esto deriva en que varios colegios no llegan ni a cubrir su propia planilla y caen en el plano de subsistencia.

La Paz está en puertas de un proceso de renovación de su directiva y uno de los candidatos, Danny Paucara Marquez de Somos ALFA, cree que todos los colegios deberían pensar en fórmula de reingeniería que sean un atractivo para los nuevos abogados.

Su planteamiento es profundizar la formación académica de los futuros colegiados como una opción para mejorar la calidad del servicio de la abogacía, generar beneficios a sus colegiados, promover un reencuentro con la sociedad, recuperar la confiabilidad del abogado dentro el foro paceño, además de ser partícipes de una reforma judicial profunda que abarque incluso a las universidades públicas y privadas.

El comité electoral del Colegio de Abogados de La Paz lanzó una convocatoria a elecciones 2023-2025 que está pendiente de una acción de amparo constitucional que fue interpuesto por una fórmula que cuestiona al actual presidente en ejercicio, porque no cumpliría requisitos ni para ejercer el cargo, menos para emitir resoluciones de convocatoria a elecciones. La audiencia fue programada para la próxima semana en La Paz.