La Cancillería de Bolivia respondió a un grupo de exfucionarios, que aseguraron ser diplomáticos de carrera, quienes presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a su despido hace dos años y medio.

Mediante una nota de prensa, la Cancillería ratificó que las desvinculaciones fueron legales y que están respaldadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las sentencias 1189/2022-S4  y 258/2022-S4.

Los denunciantes alegaron que fueron despedidos sin justificativo siendo diplomáticos de carrera y que ahora sufren una “muerte civil” porque no pueden conseguir fuente laboral, dado que estarían en “listas negras”. En ese marco, denunciaron ante la CIDH al canciller Rogelio Mayta, a magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros.

El director Jurídico de Cancillería, Bernardo Ortíz Cortéz, aseveró que estos funcionarios no tenían un estatus de servidores con carrera institucional.

Añadió que los mismos tienen la libertad de acudir a todas las instancias jurídicas, sean nacionales o internacionales, para poder hacer valer sus derechos si aprecian que han sido vulnerados, pero aclaró que la Comisión IDH acepta demandas contra Estados por supuesta vulneración de derechos, no en contra de personas individualizadas y que, ante esto, Bolivia responderá de manera oportuna.

Según Ortiz, las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional dejan establecido que los accionantes no formaban parte del escalafón diplomático porque no contaban con una evaluación del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos establecido por la Ley 465, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Señaló que en 2020, durante el periodo que calificó de “ruptura constitucional”, se intentó implementar un escalafón diplomático que no era inclusivo y que no respetaba derechos básicos como la igualdad, por lo cual se declaró inconstitucional.

Aseguró que actualmente en Cancillería no existen servidores públicos con carrera diplomática, sino se está trabajando en un escalafón diplomático que sea inclusivo y pueda dar la oportunidad a cualquier ciudadano o ciudadana de trabajar en el servicio exterior o en las oficinas centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores.