Un estudio científico realizado a iniciativa de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) reveló este martes que la contaminación por mercurio afecta a seis pueblos indígenas del norte de La Paz, quienes superan de dos a siete veces el límite permitido.

Los más afectados son los tsimanes y ese ejjas, que se alimentan de peces y habitan en la cuenca baja de los ríos, donde se concentran los desechos de la parte superior, donde hay actividad minera mecanizada y artesanal para la explotación del oro.

El límite de concentración de mercurio permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1 ppm (parte por millón). Las concentraciones de mercurio de los pueblos indígenas del norte de La Paz varían entre 1,9 ppm y 6,9 ppm.

La exposición al mercurio —incluso a pequeñas cantidades— puede causar graves problemas de salud, perjudicar el desarrollo intrauterino y las primeras etapas de vida. El mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.

El estudio “Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas” se realizó entre 2022 y 2023 con poblaciones ribereñas indígenas tsimane, ese ejja, leco, mosetene, uchupiamona y tacana que viven alrededor del río Beni y de sus afluentes ríos Tuichi, Tejeque, Quiquibey y Madre de Dios.

La medición fue realizada por jóvenes indígenas que habitan esos lugares y que fueron capacitados para tomar las muestras, con la autorización y consentimiento de las directivas de cada organización indígena. La prueba llegó a 36 comunidades de estos seis pueblos indígenas, donde se tomaron muestras de 305 personas, incluyendo mujeres en edad fértil, a quienes se midió la concentración de mercurio en el cabello.

Las muestras fueron analizadas por los laboratorios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).  El método que se utilizó para el estudio fue el de Fluorescencia Atómica EPA 245,2 con un límite de determinación de 0,05 ppm.

“La contaminación más alarmante es la de los hermanos ese ejjas que consumen pescado y que por ello son los que tienen mayor contaminación, están con 6,9 ppm. Le siguen los tsimanes con 6,8 ppm; los hermanos mosetenes, con 4,0 ppm; uchupiamonas con 2,5 ppm; tacanas con 2,1 ppm y lecos con 1.9 ppm. Toda la recolección de datos supera el límite permitido”, explicó Lino Illimuri, vicepresidente de la CPILAP.  

Según el estudio, de las 302 personas a las que se tomaron las muestras, el 74,5% resultó tener elevados niveles de mercurio, sobrepasando el límite permitido de 1,0 ppm en cabello.  La media de concentración de mercurio en cabello de todas las personas evaluadas en el estudio es de 3,93 ppm.

De las 36 comunidades indígenas evaluadas, 18 tienen el 100% de su población con niveles de contaminación de mercurio por encima del límite permitido.

“Los mayores impactos por contaminación por mercurio serán en la parte baja de la cuenca del Río Beni donde habitan los pueblos indígenas ese ejjas, tsimanes, tacanas y mosetenes, los cuales no tienen ninguna relación con la actividad minera del oro.  Donde no se hace minería es donde más contaminación hay”, señaló Illimuri.

Ante esta situación, el presidente de la CPILAP, Gonzalo Oliver, señaló que inicialmente pedirán de forma urgente a varias instituciones nacionales e internacionales conformar inmediatamente una brigada que haga un monitoreo a la salud de los indígenas, especialmente a los que tienen niveles de mercurio por encima de lo permitido, para precautelar su vida.

“La segunda acción que vamos a realizar es iniciar las acciones legales correspondientes contra las instituciones del Estado que no están cumpliendo el rol en materia ambiental para prevenir estos efectos y la contaminación de los ríos de la Amazonia (…). Nosotros mediante acciones legales queremos que se pueda luchar principalmente contra la minería ilegal, que contamina, que no tributa, que mediante grandes empresarios aplastan a los pueblos indígenas. Con este estudio estamos demostrando que estamos siendo afectados”, afirmó.

Oliver también señaló que se exigirá al Estado que pueda atender con servicios básicos a los pueblos indígenas, pues la mayoría no tienen acceso al agua potable y deben consumir el líquido directamente de los ríos.