Gobierno crea Comité para perseguidos políticos que permitirá regreso de exiliados
El Gobierno creó este miércoles el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos, de los últimos 14 años en que gobernó el MAS. El objetivo es que los exiliados políticos tengan la posibilidad de volver al país para enfrentar sus procesos judiciales con garantías.
El anuncio fue realizado en Palacio de Gobierno por parte de la presidenta interna Jeanine Añez, junto al ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.
“Estamos trabajando en conjunto con el Órgano Judicial y el Ministerio Público para que aquellos que han sido perseguidos y exiliados políticos de manera injusta, en estos 14 años de dictadura del gobierno de Morales, puedan retornar al país para asumir su defensa con todas las garantías constitucionales”, indicó la mandataria.
Aclaró que no se atenderán casos de delitos comunes, delitos de lesa humanidad y tampoco narcotráfico.
El ministro Coímbra indicó que existen alrededor de 1.399 exiliados, que se fueron del país por motivos políticos y que fueron víctimas de persecución sin un debido proceso.
Indicó que se está trabajando con el Ministerio Público, para que los exiliados puedan regresar al país sin ser aprehendidos y se puedan presentar en juzgados para purgar su rebeldía y, así, asumir su defensa.
Como ejemplo, mencionó que esta medida también acogería al exprefecto de Tarija, Mario Cossío, quien anunció su regresó al país para el 16 diciembre, a pesar de que tiene condena en su contra.
Aclaró que no alcanza a Gonzalo Sánchez de Lozada, debido a que está acusado de crímenes de lesa humanidad, ni tampoco a Evo Morales porque sólo se tratarán casos suscitados en los 14 años de gobierno del MAS.
Coímbra explicó que el Comité, conformado por reparticiones del Ministerio de Justicia, recibirá las denuncias en oficinas departamentales. Tendrá 30 días para recabar la información y 20 días más para emitir resoluciones individuales de cada caso.
En sus resoluciones, explicó que se podría detectar vulneraciones a los derechos de los procesados y sugerir que se reconduzca sus procesos. El Ministro negó, sin embargo, que se trate de una amnistía.