La presidenta interina Jeanine Añez informó este jueves que ha determinado abrogar el Decreto 4078, el cual autorizaba que militares participen de operativos de restauración del público sin tener responsabilidad penal por el uso de la fuerza en situación de necesidad y defensa.

“Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación”, dijo Añez.

El Decreto fue criticado por entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque permitía a militares usar la fuerza sin ser pasibles a un proceso penal.   

La mandataria explicó que el Decreto era “un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del estado o la seguridad de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia, que ponen en peligro la estabilidad del país”.

Dijo que se recurrió a esa medida porque el país enfrentó “acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia”.

Agradeció a las Fuerzas Armadas por su participación que en su criterio evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación. Se refirió a casos como lo ocurrido en El Alto, donde se puso en riesgo a la planta de Senkata.

El ministro de Defensa, Fernando López, explicó que con este Decreto se determina el repliegue de las Fuerzas Armadas y se establece que las tropas no están autorizadas a utilizar armas letales.

Sin embargo, López aclaró que de todas maneras los militares tienen que cuidar las empresas estratègicas de Bolivia.

Asimismo, garantizó que, de acuerdo a una auditoria, ningún cartucho letal salió del fusil de un soldado u oficial.  

“Lo corroboran todos los estudios forenses, por lo tanto las fuerzas armadas cumplieron con su palabra de ingresar al diálogo en la paz y en ningún momento se usó arma letal”, afirmó.

Indicó que serán las investigaciones que determinen quién es el responsable de las muertes.