La organización de defensa de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), expresó su preocupación por el proceso penal que lleva adelante la Fiscalía contra periodistas y exfuncionarios del canal estatal.

La Fiscalía imputó al exgerente de Bolivia TV, Andrés R., y otros exfuncionarios, acusados por la contratación y pago de salario presuntamente irregular del presentador Pablo L., cuando no habría cumplido requisitos como el grado académico de licenciatura. Estos hechos se registraron en el periodo del Gobierno transitorio.

“Nos preocupa el proceso penal iniciado por @FGE_Bolivia (Fiscalía de Bolivia) contra dos periodistas y cuatro exfuncionarios de un canal público por pagar un sueldo supuestamente mayor que el permitido a otro periodista”, manifestó el represente de HRW, César Muñoz, mediante Twitter.

Human Rights Watch también cuestionó que la Fiscalía esté solicitando la detención preventiva de seis meses y que los delitos imputados tienen una pena máxima de 10 años de prisión.

“Un principio fundamental de la justicia es la proporcionalidad: la acusación penal debe ser proporcional a la conducta alegada. Otro principio básico es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y no, como ocurre en Bolivia desde hace años, la norma general”, agregó Muñoz.