Luego de la muerte de Marco Aramayo y la revelación de que tenía varios procesos abiertos por el caso Fondo Indígena, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, cuestionó que exista una “persecución múltiple” por un mismo hecho e informó que ha solicitado informes a los tribunales departamentales sobre este tema.          

Torres manifestó que este caso de Aramayo debe convocar a una reflexión profunda y que las “aberraciones” que se cometieron en el procedimiento no pueden quedar impunes.

La defensa de Aramayo dijo que el exdirector del Fondioc tenía 250 procesos en su contra, sin embargo, el presidente del TSJ señaló que por más que sean 30, 50 u 80 procesos, los principios de economía procesal indican que no debería haberse ramificado el caso cuando se trata de un solo hecho, el desfalco al Fondo Indígena.

“Este proceso no debería haberse ramificado y debería verse conducido solamente a partir de un proceso, dada la naturaleza y el origen del hecho antijurídico”, dijo Torres en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL. 

“Además, rescatando los principios que tiene nuestra legislación y las convenciones internacionales, está prohibida la a la persecución múltiple, la persecución penal múltiple con un solo hecho”, agregó.

Manifestó que deberán dar explicaciones las autoridades del Ministerio Público y judiciales que conocieron estás investigaciones y que tenían la facultad de unir los procesos en un solo caso.

Además de la “persecución múltiple”, el magistrado Torres identificó otros dos elementos que deberían ser sujetos de indagación para identificar responsabilidades en la administración de justicia.

El segundo elemento, según Torres, es indagar qué hicieron los jueces que conocieron los múltiples procesos por el desfalco al Fondo Indígena, porque una vez terminado el tiempo de investigación tenían la obligación de conminar al Ministerio Público a presentar la acusación.

En el tercer elemento de interrogante, la autoridad observó que nadie puede tener detención preventiva por siete años, como pasó con Aramayo, por lo cual cree que una vez se vencía el plazo de una detención, se abría otro caso para mantener el encarcelamiento, acumulando así los casos.

“Son para mí, estos tres elementos fundamentales para poder determinar las responsabilidades de los operadores de justicia y de quienes conocieron los procesos del señor Marco Antonio Aramayo”, recalcó.

En ese marco, el presidente del TSJ reveló también que ha emitido un instructivo a todos los nueve tribunales del país para que remitan todos los antecedentes que conozcan sobre los casos abiertos.

Explicó que el objetivo es constatar si los jueces cautelares, por ejemplo, tuvieron existieron solicitudes de precautelar el derecho a la defensa de Aramayo y concentrar los procesos. Advirtió que si algún juez negó esa posibilidad, obviamente que tendrá que comparecer ante la justicia.