El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, denunció que existe un “golpe jurídico” de parte del MAS en su contra y, en ese marco, identificó al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, que intervino en su caso, como “completamente masista”.

El cargo de Manfred está en cuestionamiento después de que resurgiera una sentencia de cinco años de cárcel emitida en su contra en 2013 por el caso denominado El Sillar, en el cual se le acusa por conducta antieconómica al desarrollar, en su calidad de Prefecto, el proyecto para dicho tramo caminero.

Manfred ya denunció vulneraciones a sus derechos y el debido proceso en este y otros casos, e incluso llevó su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró admisible su caso.

Reyes Villa explicó este viernes que ese caso del Sillar estaba desactivado desde 2013 y que, cuando regresó a Cochabamba, se confirmó la sentencia en la instancia departamental y se mandó “volando” al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Indicó que, según había averiguado, el caso se resolvería en el TSJ recién en 2022 debido a la carga procesal, sin embargo, denunció que los operadores de justicia aprovecharon un viaje que hizo a Estados Unidos para confirmar su sentencia con la intención de que no vuelva al país.

En julio de este año la Sala Penal del TSJ, integrada por el magistrado Edwin Aguayo y María Cristina Díaz, declaró inadmisible un recurso de casación de Manfred, manteniendo en pie la sentencia. Ante lo cual, en septiembre un tribunal cochabambino emitió el mandamiento de condena.

Reyes Villa acusó de masista al magistrado Aguayo. “Le digo con nombre y apellido el, magistrado Aguayo de Sucre, hemos estado detrás de ello, completamente masista”, dijo al ingresar este viernes a su despacho. 

No es la primera vez que Aguayo es acusado de obedecer al MAS. En 2019, el diputado opositor José Carlos Gutiérrez reveló un audio en el cual presuntamente se escucha al entonces diputado del MAS, Víctor Borda, pidiendo apoyo para Aguayo, a quien presentaba como “mi candidato”. 

El Alcalde también rechazó que se lo sentencie por el caso Sillar. Recordó que entonces había firmado un acuerdo con el Servicio Nacional de Caminos, representado por Patricia Ballivián, y que el proyecto que tenía era más económico que del gobierno central.

Recalcó que, en su criterio, lo que está sucediendo “es un golpe totalmente político, un golpe jurídico a la ciudadanía de Cochabamba que ha votado”.

La situación jurídica de Reyes Villa tendrá otro episodio el 7 de octubre en Sucre, donde una Sala Constitucional llevará adelante una audiencia de Amparo que presentó el Alcalde contra la resolución de los magistrados Aguayo y Díaz. Entretanto, la orden de condena está suspendida.