En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, representantes del Gobierno de Bolivia arremetieron contra el Secretario General, Luis Almagro, a quien acusaron de injerencia en Bolivia, al mismo tiempo de pedir respeto para la justicia boliviana y reivindicar las investigaciones de la Fiscalía que cerraron el caso fraude electoral.

La sesión fue convocada a solicitud de la representación boliviana. El embajador Héctor Arce y los ministros Iván Lima y Rogelio Mayta fueron los encargados de expresar la posición del gobierno boliviano contra el Secretario General y sus acciones de denuncia de irregularidades en las elecciones de 2019.

Los representantes del gobierno boliviano enfatizaron sus reclamos contra el comunicado emitido el 9 de agosto, avalado por Almagro, el cual reitera el informe que encontró “manipulación dolosa” en las elecciones de 2019 y cuestiona la pericia encargada por la Fiscalía al grupo de investigación español encabezado por Juan Manuel Corchado.

Héctor Arce consideró el comunicado como una “grosera injerencia” y una “nueva afrenta” que no se ajusta a ningún convenio que rige las acciones del organismo.

El ministro Lima acusó a Almagro de difundir “graves falacias” y de cometer “actos de intervencionismo contrarios a la carta de la OEA”. Sostuvo que las acusaciones de “fraude” de 2019 no fueron comprobadas. 

También sostuvo que la OEA incumplió con el acuerdo firmado ese año para la auditoría electoral al publicar un informe el 10 de noviembre, lo cual no estaba en el pacto. Acusó a ese reporte preliminar de detonar “una gravísima convulsión social” y ser el argumento para que las Fuerzas Armadas sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales.

Lima señaló que las acciones de la Secretaría General son una “abierta vulneración a la independencia de la justicia boliviana y la autonomía del Ministerio Público”, por lo cual solicitó al ente internacional que “se abstenga de seguir cometiendo actos de intervencionismo y deja la justicia boliviana hacer su trabajo”.

Destacó que también la justicia boliviana ha sobreseído a los acusados de fraude electoral en los nueve departamentos del país.

“No ha existido un fraude en nuestro país, eso lo dice el Órgano Judicial de Bolivia y cualquier injerencia o intervención que pueda hacerse interna o externamente es una grave afrenta a la independencia judicial de mi país”, dijo Lima y agregó “sólo pedimos respeto a nuestro Órgano Judicial”.

A su turno, el canciller Rogelio Mayta reivindicó el estudio realizado por el experto de la Universidad de Salamanca en el marco de la investigación de la Fiscalía. 

“Ese peritaje señala que no hubo una manipulación dolosa de la información en ese proceso, apunta falencias pero nada que permita sostener objetivamente que hubo una acción criminal”, sostuvo.

Recalcó que el comunicado avalado por Almagro contra la pericia “constituye un agresivo acto de injerencia en la jurisdicción interna de Bolivia, atenta contra su soberanía e independencia”.

Acusó a Almagro de expresar “mensajes de odio, racismo y descalificación”.

El comunicado cuestionado llama a respetar la vinculatoriedad que establece el acuerdo de 2019 respecto a los resultados de la auditoría. 

Para el Canciller, ese pedido de vinculatoriead “pretende que no se cumpla nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones e incluso que los acusados no tengan derecho a la defensa”.

Mayta aseveró que la pericia española pone en evidencia que el accionar del Secretario General tiene responsabilidades en los hechos de graves violaciones de Derechos Humanos que se produjeron en 2019.

“La vinculatoriedad que reclama Almagro en el fondo busca garantizar la impunidad”, agregó. 

Respuesta de Almagro

El Secretario General señaló que no tiene más facultades que las señaladas por la Carta de la OEA y que ninguna disposición le autoriza a intervenir en asuntos de jurisdicción interna, pero indicó que la defensa de derechos humanos y la democracia tienen que ver con la jurisdicción externa.

“La Secretaría General debe defender las normas Interamericana que regulan el sistema que somos todos parte, es mi obligación a la que no puedo ni debo renunciar todos tenemos la misma obligación preservar el cumplimiento del derecho internacional que nos es común”, sostuvo. 

Aseveró que se ha cumplido de buena fe con el acuerdo de 2019 y expresó su disposición de someter el mismo a una instancia de resolución de controversias.

Reiteró su posición de que no haya impunidad frente a la corrupción, violaciones derechos humanos, y crímenes de lesa humanidad.