El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demuestra que en Bolivia se produjo en 2019 ejecuciones sumarias y ahora falta identificar a los responsables intelectuales de las masacres ocurridas en ese entonces, afirmó el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce.

Consideró como un día “histórico” donde se pudo conocer las vulneraciones a los derechos humanos que fueron identificadas por el organismo dependiente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

“El informe del GIEI establece que las muertes particularmente en Senkata y Sacaba pueden ser muy catalogadas como ejecuciones sumarias extrajudiciales”, afirmó en entrevista con la estatal Btv.

El informe del organismo consideró que en los hechos de violencia de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, donde perdieron la vida unas 37 personas y cientos de heridos fueron “masacres”. Según Arce, la justicia debe encargarse de identificar a los responsables de aquellos hechos.

En una de sus conclusiones, el GIEI estableció que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos” y señaló que lo ocurrió involucra la responsabilidad del Estado por actos de “agentes estatales y de particulares”.

Según Arce, en el documento del GIEI se señala que Jeanine Añez asumió la presidencia del Senado, sin el quorum reglamentario y luego accedió a la presidencia por “sucesión constitucional” de manera irregular.

Añadió que ahora el Estado boliviano cumplirá las recomendaciones emitidas del GIEI.