Vía: Agencia de Noticias Ambientales (ANA)

La Paz, 20 de julio de 2021 (ANA).- El ecocidio, entendido como el daño deliberado al medio ambiente, podría ser un delito tipificado a nivel internacional y quienes lo cometen serían enjuiciados ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI), según una propuesta que cuenta con el apoyo de políticos, activistas, del Papa Francisco y de países europeos con voz y voto en la CPI.

Quienes abogan por tipificar el ecocidio como delito internacional quieren pasar de la regulación a la persecución penal.

Medios internacionales de comunicación como la Deutsche Welle mediante un video de twitter difundido este último fin de semana, cuestionan si los crímenes cometidos contra la naturaleza deberían ser castigados como un crimen de guerra, a tiempo de emitir crudas imágenes sobre quemas e incendios forestales y la consiguiente destrucción de los hábitats y la biodiversidad.

“Ahora casi toda la legislación para preservar el medio ambiente funciona así: cuando el daño ya está hecho se exige a las compañías o a los gobiernos que compensen el mal causado con el pago de indemnizaciones ¿Debería castigarse esto igual que un crimen de guerra? Cada vez son más los activistas, políticos y abogados que responden sí, quieren convertir el ecocidio, es decir la destrucción ambiental intencionada de un territorio, en un delito internacional”, reflexionaron.

Crímenes ambientales

A su vez activistas ambientales refuerzan la tipificación del ecocidio como delito internacional, “Si equiparamos los daños a la naturaleza con los ataques contra las personas o la propiedad, afirmamos que son igual de dañinos -no solo legalmente, sino también desde el punto de vista moral- que los daños severos causados al medio ambiente” (Jojo Mehta, cofundadora de Fundación Stop Ecocidio).

Por su parte John Licht, embajador ante la Unión Europea del estado de Vanuatu (Oceanía), pequeño estado insular que fue el primero en denunciar crímenes ambientales contra su país ante la CPI en 2019 (subida de las temperaturas de las aguas y del nivel del mar derivados del cambio climático) también se refirió al respecto, “una enmienda del estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la CPI, Roma, julio de 1998)podría tipificar como delito los actos equivalentes a un ecocidio”.

La primera demanda y una definición

La primera demanda por ecocidio fue interpuesta en 1972 por el primer ministro sueco Olof Palme contra Estados Unidos por el empleo del agente naranja en Vietnam que produjo graves daños a la biodiversidad y malformaciones a los habitantes de ese país asiático. Después de más de una década (1986) Olaj Palme sería asesinado y ese crimen hasta hoy no fue resuelto.

Un equipo internacional de juristas trabajó durante seis meses para redactar una definición de ecocidio sostenible desde el punto de vista legal, formulada de la siguiente manera: “El ecocidio implica la comisión de actos ilícitos o indiscriminados a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves y generalizados o daños a largo plazo al medio ambiente”.

Ecocidio en Bolivia

En tanto Bolivia, es uno de los pocos países que tratan a nivel del Legislativo la tipificación del ecocidio como un delito de lesa humanidad, pues un proyecto de ley en ese sentido ya fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional en octubre de 2019, estando dicho proyecto enmarcado en la Ley Marco de la Madre tierra, cuya finalidad consiste en proteger los derechos de la Tierra y establece que todo delito relacionado a la misma es imprescriptible.

A semejanza de los crímenes como genocidio, los cometidos contra jefes de estado extranjeros, violación de inmunidades, de tratados y treguas, entre otros, figura como delito contra el derecho internacional la incorporación de este tipo penal, siendo que su aplicación alcanzaría a toda persona individual o colectiva, pública o privada que incurra en acciones u omisiones de ecocidio.  (VLM)