REVELA MINISTERIO DE JUSTICIA
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Fiscalía admite proposición acusatoria contra Añez por Senkata y Sacaba para juicio de responsabilidades

Añez es acusada de tres delitos. Foto de archivo.

La Fiscalía General del Estado determinó admitir una proposición acusatoria presentad contra la expresidenta Jeanine Añez por los casos Senkata y Sacaba, esto en el marco de procedimiento de juicio de responsabilidades, reveló el Ministerio de Justicia. 

En el documento, aparecen como denunciantes personas representantes de las víctimas de los hechos de noviembre de 2019. 

En este caso se denunció a Añez por la presunta comisión de los delitos de Genocidio, Lesiones Graves y Leves y Lesiones Seguida de Muerte.

Como señala el procedimiento de juicio de responsabilidades, la Fiscalía notificó al  Tribunal Supremo de Justicia que se inició fase de acumulación de antecedentes, toda vez que esta entidad ejerce el control jurisdiccional en este tipo de casos.

De encontrar indicios de responsabilidad, la Fiscalía debe emitir el requerimiento acusatorio y, previo control del Tribunal Supremo de Justicia, se debe remitir a la Asamblea Legislativo.

Para aprobar el juicio de responsabilidades a Añez, la Asamblea debe aprobarlo por dos tercios. El MAS no tiene los dos tercios actualmente y la oposición anunció que no aprobará los juicios que mencionen la narrativa de “golpe de Estado”.

Los casos Senkata y Sacaban también se investigan en la justicia penal, en el departamento de La Paz y Cochabamba, respectivamente, en contra de exministros y exjefes militares. Añez, como exmandataria, le corresponde juicio de responsabilidades.

En ambos casos se indagan los sucesos que derivaron en las muertes de los conflictos de noviembre de 2019 en El Alto y Sacaba, cuando manifestantes contra el gobierno transitorio chocaron con militares y policías.

La exmandataria se encuentra detenida por el caso denominado “golpe de Estado”, en el cual se investigan hechos anteriores a su ejercicio como presidenta. 

En contra de Añez ya se tramitan otros tres juicios de responsabilidades, por los casos FMI, Fundempresa y los decretos tildados de amenazar la libertad de expresión.