La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró este domingo que la Ley de Imprenta está en completa vigencia como parte fundamental del proceso democrático, en el marco de la Constitución Política del Estado totalmente garantista en sus artículos 106 y 108.

Dijo que esa posición fue transmitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicando que el gobierno del presidente Luis Arce no emitirá ninguna norma que vaya en contra de esa ley ni permitirá que los periodistas sean procesados o llevados a tribunales ordinarios.

Los comentarios de la autoridad surgieron a propósito de algunas publicaciones de prensa en sentido que el Ejecutivo estaría remitiendo proyectos de ley para coartar la libertad de expresión. “Para nada, no se está emitiendo ninguna normativa, artículo nuevo de los que ya se tiene”, reafirmó.

Aclaró que lo planteado a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Justicia, únicamente mejora la redacción de la Ley 045 del año 2010 en términos de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación.

Con el nuevo texto se incorpora la defensa de derechos humanos en la Ley 045, incluyendo como posibles sujetos procesales a los servidores públicos y se mantiene lo que ya estaba dispuesto sobre los trabajadores de los medios de comunicación.

Manifestó que el gobierno da relevancia al derecho a la información, al derecho a la comunicación, al ejercicio periodístico, pero también pide equilibrio periodístico en los contenidos para que la gente reciba información de calidad.

Indicó que cuando el gobierno tuvo observaciones sobre algunas publicaciones acudió a la vía de los Tribunales de Ética y dijo que esto demuestra que, si bien la Ley de Imprenta faculta a la víctima ir a tribunales ordinarios en caso de difamación, el gobierno no lo hizo y no lo hará.