Mientras el juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 1º Gary Bracamonte dispuso la ampliación por 40 días hábiles más la detención preventiva del gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu, por presunto abandono de funciones, el abogado denunciante anticipó que en ese lapso activará dos nuevas denuncias para que la autoridad departamental continúe bajo investigación.

El pasado viernes 6 de marzo, Urquizu cumplía tres meses de detención y tenía previsto salir de la detención preventiva por cumplimiento de plazo procesal. Sin embargo a solicitud de la Fiscalía, el juez otorgó nuevo plazo para que los testigos declaren, se realice una audiencia ocular y se proceda a la apertura de evidencias registradas en las cámaras de seguridad.

El abogado demandante Luis Ayllón dijo que la determinación es "totalmente correcta", más aún si el Gobernador tiene posibilidades de influir en el desarrollo de las investigaciones en torno al presunto abandono de funciones durante los días de crisis política y social después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuando en medio de la revuelta popular, la autoridad departamental desapareció de escena.

Ayllón considera que Urquizu puede librarse del proceso, si presenta renuncia irrevocable al cargo de Gobernador al que fue reelecto el 2015 en medio de varias irregularidades y denuncias de fraude electoral,  al haber sido habilitado a una segunda vuelta anulando varias mesas de su oponente ganador Damián Condori.

Explicó que precisamente una de las nuevas denuncias será por fraude electoral en las elecciones subnacionales, lo que también arrastraría a los vocales del Tribunal Departamental Electoral de 2015. El segundo proceso sería por enriquecimiento ilícito de Urquizu y sus familiares, aunque no explicó el alcance de este último caso.

Indicó que estas acciones no hubieran sido posible, si el MAS continuaba controlando la justicia, aspecto totalmente diferente en la coyuntura política donde se respetan algunos principios constitucionales y la figura que los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública son imprescriptibles.