El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha expresado sus cuestionamientos sobre el trabajo de las autoridades encargadas de la persecución penal, después del caso de la joven madre Reyna H., cuyo novio fue detenido como si fuese autor del delito de trata y hasta sospechoso de feminicidio, cuando en realidad la mujer estaba en un alojamiento.

En este caso, las autoridades determinaron la prisión preventiva del ciudadano  Juan L.M., por la presunta desaparición de Reyna y sus dos hijos. Sin embargo, tras encontrarse a la joven madre y sus niños en un alojamiento donde había consumo de bebidas, se determinó liberar al implicado.

El Defensor advirtió una debilidad investigativa en el accionar de la Policía y Fiscalía. Reflexionó que no se puede utilizar el poder penal discrecional y arbitrariamente.

“Hay una dificultad seria de la Policía Boliviana en los actos de investigación que se han realizado, hay una dificultad seria de la fiscal asignada al caso, porque no se ha aplicado el principio de la objetividad en la investigación, puesto que la fiscal debe investigar para culpabilizar o exonerar a un sindicado y, en este caso, directamente ha sido imputado y ha sido detenido formalmente”, expresó Callisaya.

La autoridad defensorial también denunció que existe por parte de los jueces un uso desmesurado de la detención preventiva, como un mecanismo que se constituye en una punición anticipada en casos que son falsos positivos en contra de inocentes.

Para el defensor del Pueblo existe un “uso nocivo” de la detención preventiva, puesto que más del 60% de los privados de libertad están recluidos en esa calidad.

Lamentó, además, que las autoridades hayan exhibido públicamente a la madre ahora aprehendida, porque considera que es una presentación  innecesaria, que pone en riesgo incluso a sus dos hijos.

Reiteró que, en diciembre del 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una Resolución, por la cual,  recomienda al Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y a la Policía Boliviana prohibir que exhiban, expongan y/o presenten ante los medios de comunicación a personas aprehendidas, a menos que estas expresen su consentimiento, como lo establece la norma penal vigente.    

El hombre que fue detenido en el caso Reyna denunció que ha sufrido torturas de parte de la Policía. La Defensoría anunció que exigirá sanción y medidas de no repetición, además de que velará por la reparación a la víctima.