El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que la habilitación de los diputados suplentes constituye un gasto innecesario y un daño económico al Estado por parte del Legislativo, porque, según dijo, el Art. 150 de la Constitución “prohíbe taxativamente que los mismos perciban remuneración constituyéndose el salario de todos ustedes una vulneración a la norma constitucional”.

De esa forma respondió a Lissa Claros, diputada suplente de la bancada opositora por Comunidad Ciudadana, quien pidió al presidente Luis Arce, el cierre de empresas públicas deficitarias, la destitución de ministros de Hidrocarburos, Economía y Minería y la fusión de ministerios y viceministerios para encarar la crisis económica del Estado.

En su carta de fecha 16 de agosto de 2024, Torrico al margen de negar la existencia de empresas deficitarias, asumió defensa del funcionamiento del aparato estatal a través de Ministerios y Viceministerios, Direcciones etc., que “responden a una necesidad que se traduce en un plan económico, social, cultural que llevamos adelante como gobierno y bajo ningún punto de vista puede ser considerado “un gasto innecesario”.

Agregó que considera “un gasto innecesario” el pago de salarios y otros privilegios, como boletos aéreos de los diputados suplentes, aspecto que es considerado por el viceministro Torrico “un grave daño económico al Estado ya que si ejercen la suplencia una semana al mes esta se traduce en el mejor de los casos en tres días de sesiones (Trabajo), cuyo monto económico no es descontado sobre el salario del asambleísta titular que sería lo correcto, sino por el contrario se constituye en una carga más para el T.G.N”.

Al respecto, la diputada Claros manifestó que Torrico no conoce el contexto del Art. 150 de la Constitución que textualmente dice: “La Asamblea Legislativa Plurinacional contará con asambleísta suplentes que no percibirán remuneración salvo en los casos en que efectivamente realicen suplente”.

En su carta, el viceministro Torrico reta a la diputada Claros a justificar su salario, demostrando documentalmente si está promoviendo algún proyecto de ley o alguna acción legislativa en favor del pueblo boliviano para “así tener pleno conocimiento de su actividad legislativa y su derecho a percibir una remuneración por este trabajo”.

Claros anunció que volverá a solicitar al cierre de empresas deficitarias, la fusión de varios viceministerios, entre ellos el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental a cargo de Gustavo Torrico, porque cree que el único mérito que tiene Torrico es “haber sido más de 20 años funcionario público y vivir del Estado”.

Explicó que Torrico tiene a su cargo más de 100 funcionarios que constituyen una carga para el Estado y anunció que volverán a pedir no solo el cierre de empresas deficitarias, sino la venta del avión presidencial porque el Estado ya no está en condiciones de seguir erogando estos gastos insulsos para el país.

“Nosotros lamentamos que el Estado boliviano tenga esta clase de funcionarios que no tienen conocimiento de la crisis económica y quieren seguir mantenimiento a la cantidad de funcionarios que son un gasto insulso para el Estado”, declaró.