El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha decidido paralizar el tratamiento de la Ley de Garantías, ahora denominada Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, mientras se define su constitucionalidad.

La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien indicó que también se ha admitido una solicitud de control previo de constitucionalidad a la norma, presentada por Jeanine Añez, y un recurso de nulidad presentado por el senador Óscar Ortiz contra una resolución de la Cámara Alta respecto a este proyecto de ley.     

“El tratamiento queda paralizado hasta que el Tribunal Constitucional, a través de su Sala Plena pueda resolver en el fondo y pronunciarse sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de este proyecto de ley”, indicó Franco.

Dicha ley fue aprobada en la Asamblea por parte de la bancada del MAS, bajo el argumento de precautelar a dirigentes y políticos de una persecución. La norma generó polémica debido a que el Gobierno y sus aliados consideran que dará impunidad a exautoridades y responsables de hechos de violencia durante la convulsión social.        

La autoridad del TCP recalcó que no se pueden hacer trámites ulteriores, mientras no se resuelve el asunto de la constitucionalidad. El caso pasará a sorteo de un magistrado relator y correran plazos para que se emita una decisión.