La senadora Carmen Eva Gonzales alertó que las investigaciones del caso ATB y PAT  tienden a paralizarse a nivel de la Fiscalía y la Policía Boliviana, poniendo en peligro la continuidad de la detención del exgerente general de ATB, Marcelo Hurtado, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz.

Indicó que una señal de que la investigación está suspendida es que hasta el momento no hubieron más citaciones de otros implicados ni detenciones, pese a que Fiscalía de La Paz durante la semana anterior recibió varios nombres de otros apoderados o  “palos blancos” que manejaron y manejan ambas empresas a nombre de Hurtado y José Luis Valencia, exejecutivo de PAT.

Considera que la Policía Boliviana ha perdido objetividad porque tampoco busca a Valencia, “pieza clave” para conocer el funcionamiento de esta organización criminal para el “volteo de medios” como ATB, PAT y La Razón donde hay trabajadores impagos, manifestó.

Gonzales aclaró que su participación como denunciante se adecúa al rol de asambleísta nacional que defiende los intereses del Estado, al tratarse de empresas que evadieron millones de millones de bolivianos al fisco a través de empresas fantasmas, primero, para hacerse de los medios y luego, acumular ganancias con la publicidad que les dio el gobierno de Evo Morales.

Lamenta que el Servicio de Impuestos Nacionales haya ingresado en un silencio cómplice y no diga nada respecto a la millonaria deuda tributaria que tiene PAT manejado por Valencia, quien según los excontadores, era el testaferro de Marcelo Hurtado que administró estos medios convirtiendo a sus mismos funcionarios en “palos blancos”.

“Ninguna institución pública se ha pronunciado por el daño económico que hicieron Hurtado y Valencia. Impuestos Nacionales y ATT que fueron usadas para el ilícito, no han dicho nada y eso me preocupa. Tenemos la Fiscalía y la Policía que dejaron de operar hace unos días”, comentó.

Sostuvo que tampoco las entidades que agrupan a empresarios de medios se pronunciaron, cuando deberían ser las más preocupadas por sentar un precedente para que en el país no vuelva a repetirse el “asalto a medios de comunicación privados”, a través de presiones o chantajes de parte de empresarios inescrupulosos que actúan bajo intereses políticos.