El gremio del sector salud determinó otorgar siete días al Gobierno para abrogar la Ley de Emergencia Sanitaria (1359), porque considera que la norma y su reglamento criminalizan y amordazan a los profesionales y trabajadores del rubro, informó este miércoles el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

El dirigente señaló que la decisión fue tomada en una reunión con representaciones de todo el país.             

“Exigimos la abrogación de la Ley 1359 en un plazo de siete días, de no ser así el sector salud en uso a su derecho constitucional, irá a las calles y se movilizará y luchará en todos los rincones de Bolivia”, dijo Romero.

El rechazo del sector se reavivó después de que la semana pasada el Gobierno emitió el decreto reglamentario de dicha ley, disponiendo que se penalice la suspensión o interrupción del servicio de salud.

Romero manifestó que estas normas criminalizan a los médicos y consideran delincuentes a los profesionales que pretendan exigir mejores condiciones de atención para el pueblo. 

También denunció que con la ley se permite al Gobierno realizar adquisiciones sin respetar normativas de transparencia y con el “blindaje” de la confidencialidad.

Asimismo, rechazó que se establezca una Comisión Nacional Estratégica para Emergencias Sanitarias, solamente conformada por representantes de ministerios, sin representación de los profesionales.

“Cueste lo que cueste daremos la mayor lucha posible”, recalcó.

Romero realizó el anuncio junto a diputados de Comunidad Ciudadana, que le expresaron apoyo en este tema.

El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, rechazó que la Comisión Nacional Estratégica para Emergencias Sanitarias sea conformada sólo por burócratas y no los especialistas que entregan su vida para salvar a los bolivianos.

También consideró que las normas entregan la “llave de la corrupción” respecto a las contrataciones y conculcan los derechos a la protesta y a la huelga.

En ese marco, el diputado dijo que se adjuntará el decreto reglamentario a la acción de inconstitucionalidad que se ha planteado contra la ley de Emergencia Sanitaria.

De parte del MAS, el diputado Juanito Angulo dijo que el sector salud no quiere acompañar al pueblo en un momento de emergencia. Consideró que las observaciones son de carácter político, para obstaculizar las políticas en salud.