La Comisión Nacional de Salud (Conasa) determinó este lunes declararse en emergencia e instruir que todos sus afiliados entren en paro indefinido, si es que se ejecutasen procesos o detenciones contra los dirigentes o cualquier miembro colegiado. 

El voto resolutivo fue dado a conocer en el Colegio Médico de La Paz, después de una reunión realizada con miembros de la Conasa.

La decisión viene después de que la semana pasada un juez conminó a los dirigentes de La Paz, Luis Larrea y Fernando Romero, a que cumplan la resolución de una Acción Popular, la cual ordena que no se deben suspender los servicios de atención en salud.      

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, señaló que la extrema medida de un paro indefinido se toma porque consideran que hay un escenario de amedrentamiento contra los dirigentes. Dijo que la causa de los profesionales es justa.

La ministra  de Salud, Gabriela Montaño, recalcó que no existe procesos penales iniciados por el Gobierno contra los dirigentes médicos. Indicó que la Acción Popular fue interpuesta por ciudadanos hace meses atrás y que lo ocurrido la semana pasada fue la notificación del juez para cumplir esa sentencia.

Diálogo

Montaño informó que ha convocado a dialogar a los médicos para tratar sus demandas. La invitación es para el miércoles a las 19.00 en un hotel de la zona Sur de La Paz.  

El presidente del Colegio Médico, Edwin Viruez, señaló que por problemas de logística su sector está pidiendo que la reunión que se haga en Santa Cruz el jueves por la mañana.

La Ministra se abrió a postergar el diálogo para el jueves, pero en La Paz. Al final de este reporte no había una decisión final.

Los médicos ya realizaron paros de 24 horas y 48 horas. Además ya anunciaron un paro de 72 horas la próxima semana, si es que sus pedidos no son atendidos por el Gobierno.

Montaño señaló que las demandas de los médicos se pueden solucionar, aunque expresó que le causan preocupación dos temas: el pedido de abrogación de la Ley de Prioridad de Inversión de la CNS y la demanda de que 3 mil trabajadores del sector salud reciban su ítem desde agosto.