Sala Constitucional paraliza sesiones de la Asamblea Legislativa del Beni vía medida cautelar
Una medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Beni ha paralizado indefinidamente las actividades de la Asamblea Departamental Legislativa del Beni, impidiendo el tratamiento de modificaciones presupuestarias.
La circular de la directiva N° 002, emitida el 11 de junio de 2024 y difundida por el matutino La Palabra del Beni, comunica a los asambleístas la suspensión de las sesiones ordinarias "en cumplimiento a la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, mediante Auto Interlocutorio # 117/2024 de fecha 7 de junio."
La acción de Amparo Constitucional fue interpuesta por las asambleístas departamentales Mónica Núñez Vela Shrackmann y otras de la bancada MTS.
La medida cautelar dispone la suspensión de convocatorias a reunión del Comité de Coordinación Política (CCP) de la ALDB, instancia que establece la agenda semanal y permite a la directiva señalar el Orden del Día en las convocatorias a sesiones plenarias ordinarias. Como resultado, se ha dispuesto la suspensión temporal de las reuniones del CCP.
La suspensión de las sesiones ordinarias se mantendrá hasta que la Sala Constitucional levante la medida cautelar. La circular aclara que, en caso de necesitarse la realización de sesiones extraordinarias, estas se sujetarán a lo establecido en el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni (RIOF).
El secretario departamental de Planificación, Pedro Villalobos, declaró al matutino beniano que esta situación paraliza la aprobación de presupuestos reformulados y otros trámites, criticando el uso de un tercero interesado proveniente del sector campesino, quien, según Villalobos, no tiene relación con estos asuntos.
Los directivos lamentaron que se haya aprovechado la buena fe de los vocales de la Sala Constitucional bajo supuestas vulneraciones a derechos de un sector no contemplado en las reformulaciones, afectando así la reformulación del POA.