La represa del Chepete, norte amazónico de La Paz, es la tercera de 428 previstas en toda la amazonia, pero a Brasil le interesa sobre todo la ‘Binacional Riberao’, en la frontera con Bolivia, advirtió el investigador Roger Cortez, al remarcar que la deforestación para el agronegocio, impulsada por el gobierno actual, acelerará la depredación de los bosques en Bolivia.

Durante su exposición en el foro internacional del Cedla sobre la integración energética regional, Cortez recordó que Brasil ya construyó y tiene en funcionamiento las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio en Porto Velho, capital de Rondonia, que garantizan buena parte de las necesidades brasileñas de energía eléctrica

Bolivia emite gases de efecto invernadero sobre todo por la deforestación de su bosque amazónico, que se acelerara vertiginosamente, según el analista, con una eventual siguiente gestión de Evo Morales, cuya administración, prevé subir las actuales 3.7 millones de hectáreas dedicadas a la agroindustria, a 10 millones, en los que juegan papel decisivo los seis que se propone incorporar en el Beni para ganadería, la expansión de la frontera agrícola, los biocombustibles y el agronegocio en general.  

Academia crítica y movimientos de resistencia

El experto Luis Novoa, de la Universidad de Rondonia, Brasil, destacó en el foro internacional del Cedla, la acción desde “la academia crítica, comprometida con los movimientos sociales, contra modelo de explotación de la gente y envenenamiento del medioambiente en la amazonia y el mundo”.

De manera similar al representante del MAB, Francisco Kelvim Nobre da Silva, Novoa dijo que era importante rescatar la experiencia de lucha en Bolivia por sus recursos naturales y recordó las dificultades de esa batalla, iguales en su país, al afrontar las políticas de los llamados gobiernos progresistas que se alían a las transnacionales para imponer el agronegocio por sobre la vida en la amazonia.

Nobre da Silva, que disertó sobre la matriz energética boliviana y tendencias en América Latina propuso partir de lo que actualmente se consolida y construye para llegar a la resistencia activa y defensa del territorio, en defensa de un “modelo energético popular frente a la mercantilización de la energía y la precarización del trabajo”

La alternativa planteada por las organizaciones brasileñas es la lucha en los territorios, el lograr los apoyos regionales y poner límites a las inversiones, además de mantener en vigencia los acuerdos a los marcos regulatorios.

Matriz energética y consecuencias en la amazonia

La exposición “Presente y perspectivas de la matriz energética de Latinoamérica; la obsolescencia de los megaproyectos hidroeléctricos en tiempos del calentamiento global”, de Roger Cortez, mostró que -contra lo que se pudiera creer respecto de las tierras bajas- la disponibilidad de recursos energéticos se da con mayor fuerza e intensidad en las partes altas de la amazonia y la zona andina.

Cuestionó el hecho de que, si bien las emisiones contaminantes de Bolivia son bajas, la posición oficial respecto a “tenemos derecho a contaminar” es una visión viciada de la ignorancia.

En cuanto a eficiencia, Cortez criticó la ejecutada por el gobierno actual porque desencadenará mayor contaminación del planeta ‒que, literalmente, “arde”, dijo‒ y la previsión oficial de ingresos por hasta 2.500 millones de dólares al año con 10 millones de hectáreas, cuando solo Holanda (que tiene apenas medio millón de hectáreas cultivables para soya) por ejemplo, percibe 80.000 millones de dólares anuales.

Recordó asimismo que en Bolivia se está quemado gas para producir energía, que las termoeléctricas generan el 60 % de la electricidad y no se cumple con el cambio de matriz energética sustituyendo los combustibles fósiles por las energías alternativas (eólicas, geotérmicas, biodigestores) y que el peso de la hidroelectricidad mediante represas es todavía relativo.

Cortez previno también acerca de la sedimentación minera que retiene hasta el 80 % de los sedimentos, en el caso de los químicos venenosos para facilitar la obtención de oro.

Otras consecuencias desastrosas, refirió, son la erosión de las cuencas y del mar, más la intromisión salina en los acuíferos de agua dulce, configurando una amenaza extremadamente intensa y de efectos multiplicadores.

Uno de los asistentes al foro, el compositor Luis Rico, que actualmente trabaja en un proyecto cultural con la etnia de los chimanes, en la zona de Palos Blancos, norte tropical de la Paz, celebró las “sabias palabras ‘pesimistas’ que nos invitan a un desaliento total por situación que estamos pasando en Bolivia, donde estamos haciendo ‘un gran negocio’ para vender nuestro único tesoro, la generación de oxígeno”

Nuestra experiencia nos ha llevado a defender el TIPNIS, resaltó el cantautor en referencia al ataque estatal a los indígenas de tierras bajas en 2011 “¿pero ¿qué podríamos hacer en las ciudades -donde se tiene las consecuencias (corruptas) de Odebrecht- en favor de la amazonia boliviana y regional de los otros países?”, preguntó a los disertantes.

“La luz del conocimiento hace correr a las ratas y frena sus planes”, fue la respuesta de Cortez,  

Revilla y los megaproyectos

El hecho de que los costos y retrasos son habitualmente refinanciados con nueva deuda a favor de dichos bancos, podría sugerir además que el nivel de ganancia de las empresas no sólo se mantiene, sino que inclusive puede incrementarse en desmedro del Estado deudor y sus ciudadanos, señaló por su parte el investigador asociado al Cedla, Carlos Revilla Helguero

El investigador aplica el concepto de "urbanización extensiva" al estudio de los megaproyectos de infraestructura hidroeléctrica vinculados a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana IIRSA–COSIPLAN implementados en la amazonia brasileña. 

Establece que el carácter de los nuevos asentamientos y la lógica de compensaciones incentivaron a los desplazados a asumir nuevos patrones de consumo y sociabilidad de corte urbano, sin que ello supusiera procesos de resistencia que se orientan a reproducir o restituir su modo de vida anterior.

Revilla Herrero explicó que los cambios en las dinámicas socio-territoriales impulsados por grandes “proyectos de desarrollo” paradójicamente parecen tender a la urbanización precaria, sin una mejora en el bienestar de las familias afectadas 

“A menudo los estados esgrimen el argumento del “interés nacional” o el “bien común”, el progreso y el bienestar colectivo como justificativos para estos proyectos. Sin embargo, más allá de lo rebatible que puede ser este argumento desde una perspectiva de derechos humanos, en una gran cantidad de proyectos resulta difícil establecer, que la relación entre costos y beneficios haya sido favorable para el público y el Estado”, afirma su estudio, que será difundido por el Cedla.

Concluye que el contraste entre las expectativas y los beneficios alcanzados debe llevar a cuestionarse las razones esgrimidas para la construcción de estas obras, y que, además de los directos afectados, los usuarios del servicio no se benefician de un mejor servicio o de mejores tarifas, sino que también se ven obligados a absorber los costos no previstos, en tanto que contribuyentes. 

Estos costos, que el Estado debe solventar en perjuicio de otras inversiones de mayor beneficio de su población, suponen una carga mucho más pesada para los países en desarrollo, lo que cuestiona promesas y argumentos de promotores y tomadores de decisiones, respecto a que todo proyecto de infraestructura constituye un factor de desarrollo y bienestar colectivo. 

La gran banca multilateral, los bancos privados y bancos de desarrollo de propiedad estatal que invierten en el extranjero, junto con compañías transnacionales y organismos de integración, con un rol cada vez más decisivo, ha reducido, igualmente, a los estados nacionales “a simples encargados de eliminar las barreras políticas, jurídicas y sociales para su implementación, gestores del descontento social y responsables de absorber los costos e impactos negativos de los mismos”.