El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresó este miércoles sus cuestionamientos a la decisión del juez primero en lo penal de El Alto, Marco Amaru, de procesar a Jeanine Añez en la vía ordinaria por el caso Senkata y no mediante juicio de responsabilidades.

El también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que esa decisión es un “histórico desconocimiento y vulneración abierta de la Constitución”, además de un “desprecio por las víctimas desde 2019”.

El exmandatario se pronunció así mediante Twitter, en referencia a declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien calificó de “histórica” la decisión del juez Amaru respecto a Jeanine Añez.

En otro tuit, Rodríguez Veltzé consideró que con la resolución de llevar a Añez a proceso ordinario por Senkata “se vuelve a defraudar a las víctimas que esperan justicia desde 2019”. 

Argumentó que “la Constitución define las competencias para el juzgamiento del caso Sacaba y Senkata, no la coyuntura ni el cálculo político por el Gobierno o la Asamblea Legislativa”.

Los acusadores de Añez sostienen que le corresponde juicio ordinario porque consideran que no fue presidenta constitucional, sin embargo, la defensa argumenta que debe ser procesada como exmandataria más allá de la forma en que asumió el cargo de presidenta.

La tesis de que un expresidente merece juicio de responsabilidades más allá de la frma de asunción también fue expresada el año pasado por el relator de la ONU para la independencia judicial, Diego García-Sayán.

El expresdente Rodríguez también recordó que la Constitución define las competencias de juzgamiento y “ninguna autoridad y menos los jueces pueden torcerla a título alguno”.

Adjuntó el artículo 184 de la Constitución, en el cual se establece que es atribución del Tribunal Supremo de Justicia juzgar al presidente por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, previa autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

La Fiscalía General ya presentó en 2021 una proposición acusatoria contra Añez por los casos Senkata y Sacaba, para que sea tratada en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el Gobierno acusó a la oposición de bloquear los dos tercios

para aprobar ese juzgamiento y, bajo ese argumento, justificó la decisión de llevar el caso a la vía ordinaria.