El abogado cruceño Otto Ritter informó que la vigencia que la Resolución Administrativa N°015/2021 del 25 de junio de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dirigida a los Notarios de Fe Pública, pone bajo sospecha de legitimación de ganancias ilícitas a todos los ciudadanos que decidan comprar o vender bienes inmuebles.

Indicó que todos los notarios están obligados a poner en sus respectivas oficinas, un funcionario exclusivo que haga la tarea de calificador sobre operaciones sospechosas de actividades o lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Explicó que entre esas actividades está la compra y venta de inmuebles por encima o por debajo del valor comercial que sería fijado según el criterio y la voluntad del funcionario de la notaría y si al día siguiente ese mismo bien es vendido en un precio superior, automáticamente el propietario es sospechoso de lavado.

A manera de graficar el alcance del Instructivo, explicó que, si el día de mañana, el padre o abuelo decide comprar o dejar un bien inmueble y ponerlo a nombre del nieto, el nieto ya es sospechoso de lavado porque, como es menor de edad, no podrá justifica el bien.

“Qué es lo que yo veo: que el gobierno está yesca, necesita plata y está buscando cómo conseguir dinero y una forma es brincándole a los bienes de los ciudadanos. Mañana sospecha que usted está blanqueando dinero, le congela los fondos y va a pelear cinco a 20 años con el Estado y a ver si se lo devuelve”, manifestó.  

Dijo que el otro riesgo es que este Instrumento se convierte en un medio de extorsión, porque si un funcionario de la IUF decide poner el bien bajo sospecha, tiene la posibilidad de recaudar fondos con fines extorsivos.

“Esto es una barbaridad porque incluso la venta de acciones o bienes de capital sin justificación alguna ya es motivo de sospecha. Si a mí no me da la gana de justificar la venta de acciones por qué tengo de justificar la venta”, cuestionó.

Exhortó a la población a demandar al gobierno corrija “esta barbaridad” que forma parte del control sobre las actividades de las personas, como ocurrió con la toma de Fundempresa y ahora proyectan “brincarle” a los bienes a través de la nueva Ley de Derechos Reales.