El movimiento cívico nacional ratificó sus pedidos de estado de excepción sectorizado y la aprobación de la ley antibloqueo, pero además determinó incluir en sus demandas la aprobación de una norma para que los responsables de los bloqueos deban resarcir por los daños a consecuencia de sus medidas de presión.

“Exigimos la creación de una ley de resarcimiento económico que obligue a los responsables de estos bloqueos a reparar los daños provocados al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura de nuestros departamentos. Quien atenta contra el sustento del boliviano deberá asumir la responsabilidad legal y financiera de sus actos”, dice la resolución leída por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

La reunión de cívicos se realizó en el departamento de Santa Cruz. Se esperaba que estuviese presente el presidente Rodrigo Paz, sin embargo, el mismo se contactó mediante teléfono.

En su diagnóstico, los cívicos señalaron que se transita dos caminos en el país: uno con la agenda de la desestabilización, la violencia y bloqueos; mientras que el otro con rumbo a una agenda productiva para rescatar a Bolivia de la crisis.

Exigieron el respeto al mandato popular emanado de las urnas y pidieron al presidente Rodrigo Paz que no debe “ceder ante el chantaje”, sino ejercer su autoridad y restaurar el orden.

Los cívicos advirtieron de una “amenaza latente de un golpe de Estado”, por lo cual plantearon que el Gobierno utilice todos los recursos legales vigentes para “frenar a los grupos sediciosos y terroristas”.

Por último, exigieron a la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno, el cumplimiento inmediato de la orden de aprehensión contra Evo Morales Ayma. “

“La impunidad de quienes han sido identificados como principales instigadores de la desestabilización y la violencia es un ataque directo al Estado derecho. Exigimos que la ley se aplique sin cálculos políticos para garantizar que los responsables de los atentados contra la paz social y la estabilidad democrática enfrenten finalmente la justicia”, señala la resolución.