La Red Eclesial de la Amazonía Boliviana (REPAM Bolivia), dirigida por los obispos de esta región, instó este martes a los órganos Legislativo y Ejecutivo a anular las normas que promueven los incendios forestales, al tiempo que celebraron la reciente sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TDN) que declaró como “ecocidio” a la devastación de los fuegos del pasado año.

En un comunicado, la REPAM pide “al Poder Legislativo abrogar las normas legales que promovieron los incendios que azotaron a Bolivia e inclusive las posteriores normativas que dan paso a los cultivos transgénicos”.  

En la misma línea, la institución eclesial también demanda “al Poder Ejecutivo promover acciones concretas de protección de la naturaleza” y a los organismos económicos y sociales asumir la salvaguarda de la Casa Común. 

“¡No es verdad que la única opción para la economía y la producción de alimentos sea terminando con los bosques y la vida silvestre!”, reflexionó.

En tal sentido, la REPAM exhortó “a los ciudadanos que se preparan a votar el 18 de octubre a que interpelen a los candidatos y a los partidos políticos sobre sus programas de protección del medio ambiente, agro economía y desarrollo rural, en especial de la Amazonía”.

En el mismo comunicado, la Red celebra la sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) que resolvió que los incendios del año 2019 en la Chiquitania, el Chaco, el Oriente y la Amazonia fueron un “ecocidio provocado por autoridades bolivianas y el agronegocio”.  

Dicho eso, insistieron “a las distintas instancias que asuman el dictamen del Tribunal, con las responsabilidades y compromiso para corregir los errores”

El comunicado citó el documento que contiene la exhortación del Papa Francisco: “Hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen. Cuando algunas empresas sedientas de rédito fácil se apropian de los territorios y llegan a privatizar hasta el agua potable, o cuando las autoridades dan vía libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata…” (14, Querida Amazonia). 

Para la REPAM, el pronunciamiento del TDN reconoce en la legislación boliviana y en las actuaciones de distintos estamentos del país un desempeño destructivo de la vida y del medio ambiente.

El manifiesto relieva que “la fuerza del pronunciamiento del Tribunal Ambiental Internacional interpela implícitamente también a los organismos de la justicia nacional que quedaron en un silencio cómplice e inoperante frente a reclamos que, en su momento, fueron pertinentes y que necesitaban de la acción judicial”. 

“Aceptar responsabilidades requiere asumir un compromiso para corregir los errores. Esto nos llama al desafío de buscar nuevos caminos en que las legítimas aspiraciones de desarrollo vayan en armonía con la naturaleza. Es el fuerte grito de la Amazonía y de las demás regiones del territorio nacional, donde el peligro está ligado a un destino común: persona y naturaleza están amenazados por el mismo exterminio”, urgieron los obispos amazónicos.