El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) Rafael Quispe contrató los servicios profesionales del abogado Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia de Jeanine Añez, para que lo defienda ante la Fiscalía de La Paz donde enfrenta un proceso penal por el presunto delito de daños contra la salud pública al haber participado de una reunión comunitaria en medio de la cuarentena total por el coronavirus.

Quispe fue acusado de incumplir la cuarentena por el Ministro de Gobierno Arturo Murillo quien le sugirió presentar renuncia y asumir defensa de los cargos que le abriría de oficio el Ministerio Público, tal como posteriormente ocurrió a nivel de la Fiscalía Departamental de La Paz.

A través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen citó a Quispe para el lunes 14 de abril, sin embargo no pudo declarar porque asistió sin abogado. Quispe rechazó la oferta de un abogado de oficio y la declaración informativa fue programada para el 24 de abril; sin embargo choca con la extensión de la cuarentena, por lo que el abogado Justiniano estima que será reprogramada para mayo.

“La relación que tengo es de absolutamente profesional de abogado/cliente, no tiene absolutamente ninguna connotación política. Es una relación exclusivamente jurídica y él me ha pedido que lo asista”, dijo entrevistado por Erbol.

Justiniano fue el primer Ministro de la Presidencia encargado de la pacificación del país tras la crisis social y política por la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, pero en medio fue destituido por discrepancias internas y luego asumió un rol crítico al actual gobierno.

Posteriormente tuvo discrepancias con el ministro de la Presidencia Yerko Núñez por el manejo de recursos de la UPRE para el pago de proyectos y luego el Ministro de Gobierno Arturo Murillo levantó sospechas en sentido de que el abogado estaría vinculado a una supuesta red de consorcio de jueces, fiscales y policías implicados en la liberación del exdirector de la Felcc-Santa Cruz Gonzalo Medina, quien finalmente no pudo guardar detención domiciliaria y fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro de La Paz.

En su rol de abogado defensor de Rafael Quispe, explicó que presentaron un memorial argumentando que su cliente - al haber participado de una reunión en el municipio de San Pedro de Curahuara, provincia Gualberto Villarroel de La Paz – no cometió ningún delito porque los delitos “no se cometen sin querer, sino los delitos se cometen queriendo”.

El delito contra la salud pública es un delito de carácter doloso, es decir, lo comete solamente quien tiene la intención y voluntad de hacerlo, pero Quispe en ningún momento ha tenido la intención de afectar la salud pública. Además se aclaró al Ministerio Público que se trata de un delito de carácter mixto, porque por una parte es un delito de resultado que exige que haya un contagio y, por otra, que exista la propagación de la enfermedad, pero Rafael Quispe no pudo propagar la enfermedad porque no es portador del virus Covid-19 y tampoco ha motivado que alguien, que tenga el virus, pueda propagar la enfermedad, indicó.

Justiniano explicó que su defendido participó de varias reuniones con miembros del gobierno pero resultad que para algunas autoridades eso no es delito. “Vemos a los distintos ministros en aglomeración de personas, inclusive dando notas de prensa donde hay varios periodistas a menos de un metro de distancia y no supone por ello, delitos contra la salud pública”, observó.

Otro argumento que presentó es que el abogado de su confianza – en este caso el mismo Justiniano – no puede asistir a la citación del 24 de abril por efecto de la cuarentena. Una tercera observación es que el presunto delito que se investiga habría sucedido en el municipio de Curahuara, por tanto, no es competente el fiscal de la ciudad de La Paz.

Dijo que vez sean notificados con el inicio de investigaciones judiciales, la defensa de Quispe presentará las excepciones previas, ratificando su voluntad de someterse al proceso de investigación.

Precisó que Rafael Quispe estuvo en esa comunidad porque le pidieron que vaya a orientar sobre el coronavirus, entre otras cosas, porque si no atendía podía incurrir en delito de incumplimiento de deberes porque el Decreto 4200 asigna a todo servidor público el deber de colaboración en la cuarentena.

Justiniano aseguró que su cliente sigue en funciones como director del Fondo de Desarrollo Indígena que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y en última instancia de la Presidenta del Estado quien “no lo ha destituido” del cargo.