AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

A simple denuncia del apoderado de la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani, Juan José Gómez Choque, la Fiscalía de Coroico en coordinación con la Policía aprehendió a César Condori, padre de familia y productor de flores de la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi de Sud Yungas. En audiencia de medidas cautelares se determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, por los presuntos delitos de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa”.

En la comunidad Tres Marías se encuentran en estado de emergencia, tras haber sido criminalizada la defensa de su territorio, el medioambiente y la vocación productiva de la región. Varios dirigentes y comunarios de base se encuentran con orden de aprehensión por haberse puesto al frente de los mineros cooperativistas que ingresaron a la zona con maquinaria pesada y en compañía de policías, bajo el argumento de tener “derecho preconstituido”.

De acuerdo a la orden de aprehensión a la que tuvo acceso ANA, también se encuentran en la lista: Isaac Catacora Mamani, secretario general de la comunidad Tres Marías, quien denunció de manera reiterada, el ingreso de cooperativas mineras auríferas que conformaron de manera ilegal y en menos de una semana la comunidad ficticia Ñekejahuira Cotapata, que en los hechos es un campamento minero.

Le siguen en la lista para ser aprehendidos: los comunarios Adrián Arenas Huayta, Mario Colque, Santos Oliva, Rodo Oliva, Héctor Cama y Hugo Apaza, este último, cooperativista que denuncia haber sido estafado por mineros de Salvadora Yerbani.

En contra de Lola Catacora también pesa una orden de aprehensión. Fue la mujer que con palo en mano se puso al frente de más de 30 mineros envalentonados a quienes les dijo que daría su vida por defender su comunidad. “De la flor vivimos, nos están dejando sin carretera”, les dijo durante la arremetida, tal como se muestra en un video.

La orden de aprehensión emitida por el fiscal de Materia del municipio de Coroico, Juan Chuyma Quispe, en contra de todos los mencionados “subsume” provisionalmente los delitos de lesiones graves y leves, avasallamiento en área minera y asociación delictuosa, previstos y sancionados en los artículos 271, 232 y 132 del Código Penal.

El coronel Víctor Hugo Cornejo, inspector departamental de La Paz, informó a medios locales que se reportó un avasallamiento en áreas mineras en la comunidad Ñekejahuira de la cooperativa minera Salvadora Yerbani.

“El apoderado de la cooperativa ha denunciado que un grupo de 30 a 40 personas armadas con machetes, palos y dinamitas liderados por el señor Isaac Catacora, secretario general de la comunidad Tres Marías ha avasallado el área minera (…). Los que se identificaron como pobladores del lugar han manifestado que no permitirán ninguna actividad minera si no tienen el permiso correspondiente”, justificó el uniformado el operativo.

Sin embargo, Isaac Catacora de acuerdo a los videos obtenidos del hecho ocurrido el 19 de noviembre, es quien pide calma a ambos bandos, y mientras es golpeado grita: ¡Basta, basta!.

De acuerdo a la denuncia cursada ante la Fiscalía se señala que hombres y mujeres de Tres Marías amenazaron a los socios de la cooperativa y les lanzaron una dinamita a una distancia de 10 metros, destrozaron las chozas de calamina, rompieron el parabrisas de una excavadora e hicieron explotar cachorros de dinamita que encontraron a su paso y que por tal motivos, los mineros “pidieron auxilio de la Policía”.

La Cooperativa Salvadora Yerbani arguñe derecho minero en la zona del conflicto. De acuerdo a información obtenida de manera extraoficial de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dicha operadora minera gestiona contrato administrativo minero por adecuación por 30 años sobre siete cuadrículas; es decir, sobre 750 hectáreas que afectan los municipios de Coroico y Yanacachi.

“Correspondía la vía administrativa ante la AJAM”

El abogado Jaime Cuellar, especializado en minería ilegal, advierte que la orden de aprehensión del Fiscal de Materia de Coroico no identifica el área minera donde se produjo el conflicto, tampoco ofrece la georeferenciación ni coordenadas del supuesto avasallamiento

“Si arguyen el avasallamiento del área minera tenían que activar la vía administrativa ante la AJAM, antes que la penal y la AJAM en el marco de sus competencias remitir los antecedentes ante el Ministerio Público”, observa.

El jurista también señala que el área minera también tendría que respetar el uso de suelo. “En Bolivia, los defensores de derechos ambientales enfrentan una situación alarmante de criminalización y vulnerabilidad frente al Estado”, alerta.

A pesar de ser actores fundamentales para la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos –dice Cuellar- que son frecuentemente estigmatizados, perseguidos judicialmente y, en algunos casos, víctimas de violencia física y psicológica.

“Esto evidencia una preocupante falta de garantías estatales para su labor, así como un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país”, acota.

En lugar de ser reconocidos como aliados en la lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos naturales, los defensores ambientales en el país, asegura que son tratados como “enemigos del progreso” o como obstáculos para proyectos extractivistas promovidos por el propio Estado.

«Esta criminalización no solo viola sus derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta, sino que también los coloca en un estado de indefensión frente a amenazas provenientes de actores públicos y privados», afirma.

Estrategia de penetración minera

La estrategia de penetración de las cooperativas mineras al municipio precolombino de Yanacachi ha sido frontal y ha empleado un esquema de articulación y acción rápida, basada en la movilización de gente, maquinaria, recursos y aliados estratégicos.

A través del instructivo 03/2023 de septiembre del año pasado, el secretario general de la denominada “comunidad agraria” Ñequehauira Cotapata, Elvis Castro Condo convoca a todos los comunarios que tienen sus predios definidos “para que puedan empezar sus construcciones de viviendas desde el día lunes 11 de septiembre del año en curso hasta el viernes 15 de septiembre del año en curso, deberían empezar de manera urgente e impostergable”.

A pesar que la denominada comunidad Ñequehauira usa papeles membretados de pertenencia a Nor Yungas, en los hechos se ha trasladado a Tres Marías, comunidad del municipio de Yanacachi, capital de la Tercera Sección de Sud Yungas.

La Cooperativa Minera Aurífera Jesús Del Gran Poder RL en una carta del 10 de marzo de 2023, dirigida la secretaria general de la misma comunidad Ñeque Hauira, Sonia Rondo Choque, presenta solicitud de permiso para comenzar trabajos de minería.

“La Cooperativa Minera Aurífera Jesús del Gran Poder RL nos dirigimos para solicitarle nos otorgue el permiso para poder realizar trabajos mineros de socavones ya que nuestro límite está ubicado cerca al sector de la Cooperativa Yerbani dentro del territorio de la comunidad”, se solicita en la nota firmada por Edwin Borras y Roberto Yupanqui.

En una carta del 21 de agosto de este año, dirigida al presidente de Administración y Directorio de la Cooperativa Minera Veta Dorada San Rafael, la supuesta comunidad agraria “Ñequejahuira-Cotapata” de la provincia Nor Yungas, tal como lo establece su papel membretado convoca a una asamblea general.

Con el mismo tenor, Castro convoca al directorio de la Cooperativa Minera Trece Curvas y al 100 por ciento de sus bases a una asamblea general.

Isaac Catacora, quien hace varios años perdió a sus padres en un trágico deslizamiento de cerro, ocasionado por movimientos de tierra por maquinaria minera, asegura que la minería del oro se ha descontrolado.

“Todos ellos en vista de que no había avance y que el municipio de Yanacachi no les daba el visto a sus operaciones mineras por el tema de la contaminación, deciden crear una comunidad Ñequehauira Cotapata, que es ficticia. Los mineros se van al municipio de Coroico, donde la Alcaldesa les da una certificación de uso de suelo sin consultar con la comunidad afectada que pertenece al municipio de Yanacachi”, asegura Fanny Catacora.

Ante esa situación dice que los comunarios salieron a marchar y protagonizar bloqueos en contra de la minería, pero en si pocas personas nos apoyaron.

La comunaria de base afirma que Elvis C.C. utiliza los antecedentes agrarios de la comunidad que datan de 1963 y 1988 para hacerse pasar por dueño de la comunidad ficticia.

Isaac Catacora, secretario general de la Comunidad Tres Marías muestra sus cultivos de flores, en riesgo por la actividad minera

El marco internacional de protección

Bolivia, como signataria de varios tratados internacionales, tiene la obligación de proteger a los defensores ambientales. Entre estos instrumentos destacan:

1. Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (ONU, 1998): Reconoce el derecho de toda persona a promover y proteger los derechos humanos, incluyendo los relacionados con el medio ambiente.

2. Acuerdo de Escazú (2018): Este tratado regional, del cual Bolivia es parte, establece garantías específicas para proteger a quienes defienden los derechos ambientales, incluyendo medidas contra la violencia, la intimidación y la criminalización.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y Convención Americana sobre Derechos Humanos: Ambos instrumentos garantizan derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, que son esenciales para la labor de los defensores.