El senador opositor Rodrigo Paz afirmó este martes que el Decreto Supremo 4824 que fija la fecha del censo, “es un decreto sin ajayu” (alma) porque pone fechas y no dice cómo cumplir el resto de las actividades post censales como el pacto fiscal y la distribución de escaños.

Frente a esta situación, el senador planteó la necesidad de emitir un decreto complementario o finalmente que la Asamblea Legislativa emita una ley para dar una garantía al pueblo en sentido que los resultados del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo de 2024 sean vinculantes a las elecciones de 2025.

Dijo que la solución de fondo pasa por una voluntad política de los partidos y el gobierno, porque si no se da certidumbre, los resultados del censo “no van a valer, no habrá distribución de recursos en septiembre, ni de escaños antes del 2025 y Bolivia va a entrar a un conflicto mayor. Yo no entiendo por qué el gobierno en vez de evitarse problemas, busca decisiones razonables, no políticas, en función del censo que ordene el país”.

Paz manifestó que la clase política no puede ser egoísta para darle una solución al pueblo y si no puede, esta Asamblea Legislativa poco o nada tiene que decir.

Desde su perspectiva, planteó que le necesidad de realizar el Censo el 2023, porque es la única manera de tener el tiempo para generar resultados definitivos, que sea vinculante para las elecciones nacionales, para generar un pacto fiscal solidario y productivo, y que los bolivianos tengan la certidumbre de ir a votar con un padrón electoral en orden.

En ese marco, observa que en Bolivia a veces los decretos pesan más que las leyes y por eso plantea que, ante el decreto emitido por el gobierno nacional, debería dictarse un decreto complementario para tocar los temas del pacto fiscal, la distribución de escaños parlamentarios y que el INE tenga como contraparte a las universidades.

“En esto quiero aclarar: que no es posible la repartición de recursos en septiembre. Yo he tenido la experiencia de ser alcalde y en Bolivia el modelo de gestión pública hace que más bien en septiembre se estén viendo los recursos para el siguiente año porque están cerrando la presente gestión. Por eso yo dudo o apuesto al que quiera que el 23 de marzo se hará el censo, pero en septiembre no habrá repartición de recursos para el pacto fiscal porque el modelo del Estado Plurinacional no está hoy día para generar ese tipo de acciones”, declaró al programa La Tarde en directo de la red Erbol.

Advirtió que la lluvia de proyectos de ley sobre el censo podría entrabar el debate parlamentario, añadido a la división interna del MAS, entre los pro Arce y pro Evo y la oposición que tiene sus particularidades tratando de fusionar los aspectos del Censo basado en las definiciones del cabildo de Santa Cruz.

Independientemente de las diferencias políticas, indicó que los partidos deben considerar que un pacto fiscal no puede ser la distribución de dinero según la cantidad de habitantes que tengan cada departamento, sino que debe ser solidario en los servicios públicos, pero con una visión de producción en las regiones de occidente que en los últimos 16 años han sido secuestradas y postergadas por el MAS.