Organizaciones sociales e instituciones cívicas del Ecuador reivindicaron la lucha social, la búsqueda de una sociedad justa y sobre todo el respeto de los derechos humanos y rechazaron el uso excesivo de la fuerza pública para contrarrestar la protesta social.

Un pronunciamiento emitido en las últimas horas, indica que hasta el 24 de junio del 2022 se registran 64 casos de vulneración a los derechos humanos, que incluyen 5 personas fallecidas, 5 desaparecidas, 166 heridas y 108 detenidas, sobre las cuales el Estado ecuatoriano no ha presentado cifras oficiales.

A tiempo de exigir respeto a los derechos humanos, denuncian que la Policía y Fuerzas Armadas buscan callar a quienes se resisten y reclaman legítimamente por sus derechos vulnerados, por lo que exigen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y Relatores Especiales se pronuncien en favor de la protección integral de derechos del pueblo ecuatoriano.

Exhortan al gobierno ecuatoriano a que respete el derecho a la vida, el derecho a la protesta social, libertad de asociación y de expresión y, de manera especial, los derechos de las mujeres, así como de los niños y niñas.

Piden a las autoridades a que viabilicen el diálogo cesando la violencia en las calles y universidades que actualmente están sirviendo como centros de paz, refugio y ayuda humanitaria para miles de mujeres, niñas y niñas de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Solicitan también a los medios masivos de comunicación difundan la situación de forma veraz, verificada y contrastada y demandan a Fiscalía, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo a que abran las investigaciones pertinentes frente a todas las violaciones contra los derechos humanos.

Se suman al ejercicio legítimo del derecho a la protesta social y respaldan a quienes se mantienen en resistencia, especialmente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato, Latacunga. Las organizaciones sociales se solidarizan con las víctimas de la violencia y exigen el cese inmediato de la represión y responsabilizamos al gobierno ecuatoriano y al presidente Guillermo Lasso por las consecuencias fatales de la violencia ejercida contra los manifestantes.