PRONUNCIAMIENTO
Título: 

Organizaciones de la sociedad respaldan a Fundación Tierra frente a denuncia de Marinkovic

Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra. Foto de archivo.

Sesenta organizaciones de la sociedad civil emitieron en pronunciamiento, mediante el cual respaldan a la Fundación Tierra, después de que su Director, Gonzalo Colque, fue demandando por difamación y calumnias por parte del exministro de Economía, Branko Marinkovic.

La controversia surgió debido a que la Fundación Tierra develó irregularidades en la titulación de tierras “Laguna Corazón” y “Tierras Bajas del Norte”, durante el gobierno de Jeanine Añez, involucrando a la familia Marinkovic. El exministro consideró son difamaciones en su contra y acudió a la justicia.

EL PRONUNCIAMIENTO 

Ante la presentación de una demanda penal por parte del Sr. Branko Marinkovic, empresario del agronegocio cruceño por difamaciones, calumnias e injurias en contra de Gonzalo Colque, Director de la Fundación Tierra, por las denuncias documentadas realizadas sobre la titulación irregular de 34 mil hectáreas, en los predios 

Las organizaciones firmantes expresan lo siguiente: 

• Todas las denuncias presentadas por Fundación TIERRA, son parte de la labor permanente en defensa de la justicia social relacionada a la problemática agraria y productiva. Esta tarea ha representado un importante aporte a la labor de vigilancia y control desde la sociedad civil boliviana hacia las políticas públicas implementadas desde los diferentes gobiernos que han sucedido. Cabe aclarar que las normas, políticas y acciones del Estado en lo referido a tierra y territorio afectan directamente a la vida, integridad y desarrollo de las personas, por lo que el trabajo de TIERRA implica una defensa permanente de Derechos Humanos. 

• Nos preocupa de sobremanera, que desde varios años atrás se intenta acallar a Fundación TIERRA y las voces de múltiples organizaciones de la sociedad civil cuando estás denuncian el abuso de poder de los gobernantes y de grupos económicos acaudalados y poderosos. 

• Expresamos nuestra indignación y rechazo al uso indebido del derecho penal, que busca criminalizar a defensores y defensoras de Derechos Humanos, intimidar y entorpecer su labor, y violentar los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política del Estado y convenios internacionales que afectan al Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. La utilización de tipos penales contra el honor (difamación, calumnias e injurias) para evitar que la sociedad civil cuestione el trabajo de una autoridad pública atenta contra la libre expresión de la sociedad civil, fomentando un clima de criminalización y autocensura. La denuncia penal contra Colque no es solo responsabilidad de Marinkovic, sino también de los administradores de justicia, que no adecuan su accionar a los estándares internacionales y democráticos de protección de la libertad de expresión. 

• Alarma la carencia de institucionalidad de las instituciones públicas encargadas de regular y fiscalizar lo referido a tierra, territorio y medio ambiente. El INRA, la ABT y el SERNAP han destacado por un silencio abrumador y cómplice de las acciones que no solo han afectado la sobrevivencia de pueblos indígenas, sino que han atentado directamente contra reservas naturales y áreas protegidas que permiten la subsistencia de un ecosistema habitable para todo el planeta. 

• Consideramos que la defensa del territorio y la protección del medio ambiente son fundamentales para nuestra vida como sociedad, por lo tanto, toda acción que vaya en contra de la naturaleza y más aún, por intereses individuales y económicos tendrá en nuestras instituciones una respuesta contundente de rechazo, además de plena solidaridad con quienes sean víctimas de estos atropellos. 

• Exigimos a las autoridades cumplir con su responsabilidad de garantizar el trabajo y la labor de organizaciones que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. 

Finalmente, expresamos nuestras solidaridad y respaldo a Gonzalo Colque, Director de la Fundación Tierra para que pueda continuar con su labor en la defensa de los Derechos Humanos sin que de por medio existan presiones y obstaculizaciones promovidas por los grupos de poder.