OEA: Artículo que niega fraude omite la falsificación de firmas y desvío de datos
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Tras la publicación de una investigación en el sitio web del Washington Post que niega el fraude electoral en Bolivia, la Organización de Estados Americanos (OEA) respondió que dicho reporte ignora elementos centrales de lo evidenciado en el proceso de cómputo del octubre de 2019: la manipulación de actas con falsificación de firmas y el desvió de datos informáticos a servidores ocultos que carecían de control.
La investigacion fue publicada por "The Monkey Cage" en el sitio web del Washington Post, y fue realizada por los especialistas en integridad electoral John Curiel y Jack Williams. En el texto, los investigadores señalan que en Bolivia hubo un golpe de Estado contra Evo Morales y que, estadísticamente, no se puede sostener que hubo un fraude.
En el reporte de Curiel y Williams, que objeta la versión de la OEA, se señala que realizaron una comparación entre los resultados anteriores y posteriores al corte del TREP (hecho que levantó las sospechas) y no se ha encontrado ninguna evidencia de anomalías estadísticas ni irregularidades significativas en el conteo.
Añadieron que hicieron 1.000 simulaciones estadísticas, en base a los datos anteriores al corte del TREP, y que los resultados indican que Morales podía esperar al menos una ventaja de 10,49 puntos sobre su competidor, lo cual le daba la ventaja suficiente para ganar en primera vuelta.
Respuesta de la OEA
La OEA envió una carta al Washington Post para responder al artículo. En la nota, el organismo manifiesta que el texto publicado “contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones”.
Para la OEA, el artículo ignora los principales hallazgos del informe de auditoría, los cuales demuestran que hubo "manipulación intencional" de las elecciones en dos áreas.
El primer área que menciona la carta del organismo es que la auditoría detectó cambios en las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas.
La segunda área omitida por los investigadores Curiel y Williams -según el organismo- es la constatación de que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas.
“Es sorprendente que dos científicos, así como los editores de The Monkey Cage y The Washington Post, ignoren esos hechos cuando pretenden analizar el informe de auditoría de la OEA”, critica la carta firmada por Gonzalo Koncke, que es jefe de gabinete de la Secretaría General de la Organización.
Además, la carta señala otras anomalías: las acciones deliberadas que buscaban manipular los resultados de la elección; irregularidades graves, como la falta de protección de las actas de votación y la pérdida de material sensible, entre otros aspectos.
“Es un desafío a la lógica que personas que se consideran a sí mismas como científicos y especialistas en integridad electoral se involucren en un análisis tan defectuoso. Los servidores ocultos, la falta de cadena de custodia, la falsificación de actas o inconsistencias inexplicables en el número de votos emitidos, sólo por nombrar algunos de los hallazgos, no deberían ser ignorados por ningún especialista en Integridad electoral”, lamenta Koncke en la carta.
Respuesta del Gobierno
El Ministerio de Justicia también emitió un pronunciamiento, en el cual considera el artículo publicado en el Washington Post como “tendencioso e improvisado”.
El comunicado critica que el artículo se basa en en un estudio estadístico y no de un estudio forense.
“El estudio no entiende lo que significó la paralización del sistema TREP, sólo analiza que el cambio de tendencia es posible; sin embargo, lo que es altamente sospecho es que el cambio de tendencia se haya producido justamente luego de la paralización del sistema TREP. Tampoco toma en cuenta que, durante esas 23 horas, el régimen de Morales introdujo datos falsificados al sistema”, afirma el texto.
Señala también que el medio que difundió el artículo “actúa como agente del régimen de Morales y en contra de la libertad del pueblo boliviano”, por haber calificado como golpe de Estado la caída de Evo Morales.