A más de 10 años de su vigencia, la Ley 341 del Participación y Control Social no acaba funcionar en ninguno de los tres niveles de gobierno, porque carece de efectividad e incidencia política y económica sobre las autoridades para mejorar la gestión pública y la transparencia.

El consultor y especialista en gestión pública subnacional y autonomías, Fabián Yacsik y el presidente del Control Social de Bolivia, Hiram Levi Alacama, participaron en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol para analizar su aplicación efectiva de la ley promulgada el 5 de febrero de 2013 por el presidente Evo Morales.

Esa ley fue puesta en vigencia para borrar la Ley de Participación Popular de Gonzalo Sánchez de Lozada, que daba poder de fiscalización a los comités de vigilancia con relación a sus municipios. Morales quiso ampliar esas facultades y puso bajo el régimen de la Ley 341 a todas las entidades públicas de los cuatro Órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, entre otros.

“El papel aguanta todo, pero hay una suerte de crisis de efectividad en varios niveles. El control social tiene mecanismos laxos y no son muy claros para que la comunidad organizada desarrolle sus formas de participación y control social”, manifestó Yacsik.

Indicó que tampoco funciona el control gubernamental encargado a la Contraloría General del Estado, ni la fiscalización desde la Asamblea, es decir, todo el andamiaje estatal de fiscalización para evitarla la corrupción pública no muestra acciones efectivas.

Añade a esa situación se suma la falta de transparencia y acceso a la información pública en el nivel municipal, departamental y nacional, que puede ayudar a detectar alguna corruptela, pero no es posible porque tampoco existe una ley específica de acceso a la información.

Considera que el Control Social no funciona por falta de elementos punitivos y cuando denuncia, su denuncia se queda en la entidad a la que supuestamente fiscaliza y cuando llega al Ministerio Público corre la misma suerte de todos los problemas de justicia en el país.

Por su lado, el dirigente nacional del Control identifica la falta de una reglamentación en favor de la Ley 341. En ese sentido anunció que el próximo 6 y 7 de septiembre se realizará un encuentro nacional en la ciudad de El Alto para presentar un diagnóstico y trabajar en un marco normativo de reglamentación.

Dijo que otro de los problemas es que la gente no conoce sus derechos ni tiene mecanismos uniformes para elegir a dirigentes en las comunidades y municipios y por ello realizan encuentros departamentales para reencaminar el control social.

Explicó que, en algunos municipios, los propios funcionarios públicos incurren en incumplimiento de deberes y manoseo al control social, mientras que en otros hay una buena relación para ejercer control a los tres pilares fundamentales de la gestión pública: planificación, seguimiento y evaluación.

Anticipó que para el encuentro de El Alto invitarán a varios expertos en la materia a objeto de que puedan aportar con sus conocimientos sobre cómo dar utilidad a esa ley, cuyo objetivo está constitucionalizado, pero no aplicado en su totalidad.