La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, conformada por varias organizaciones de la sociedad civil, expresó su preocupación respecto al proyecto de modificación de la Ley de Abreviación Procesal Penal, que avanza en el Legislativo.

“Sobre la inclusión de delitos de narcotráfico y sustancias controladas dentro del catálogo de delitos excluidos en la improcedencia de la prisión preventiva (Art. 232) y la cesación de medidas cautelares personales (Art. 239), queremos expresar nuestra preocupación por esta propuesta que no se adecúa a la realidad de la población carcelaria en nuestro país, y contraviene las garantías del debido proceso, pudiendo tener impacto profundo en la retardación de justicia, la afectación de derechos a grupos en condición de vulnerabilidad económica, por lo que dichos cambios desvirtúan la esencia de la Ley N° 1173”, dice un manifiesto de la Plataforma.

Por tales motivos, los defensores y activistas por los derechos piden “dejar sin efecto las modificaciones planteadas en el Proyecto de Ley N° 415/2019- 2020 en lo referente a la inclusión de delitos relacionados al régimen de sustancias controladas en los artículos 232.III y 239.6 del Código de Procedimiento Penal”.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación porque la Asamblea Legislativa Plurinacional pretenda realizar modificaciones a una norma que acaba de sancionar y que no ha ingresado en vigencia, nos pronunciamos sobre los cambios planteados por la norma”, dice el manifiesto firmado por más de una treintena de organizaciones, colectivos y entidades.

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, es una articulación de la sociedad civil organizada a nivel nacional que promueve acciones para acompañar las reformas al sistema de justicia y contribuir a consolidar un sistema de justicia accesible, transparente, plural, independiente, con enfoque de género, derechos humanos y debido proceso.

Los expertos asimismo instan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a abordar la discusión sobre el régimen de medidas cautelares de carácter personal, a partir de un debate basado en evidencias.

Esto implica que los congresistas puedan solicitar para ello, los datos del Censo Carcelario desarrollado el mes de abril de 2019, permitiendo a las y los legisladores acercarse a la realidad y los factores que trascienden a la comisión de ilícitos relacionados al narcotráfico y las sustancias controladas.

Un ejemplo de ello, es que los integrantes del denominado primer poder del Estado, realicen visitas a cárceles para interiorizarse con la realidad de las personas que viven en contextos de encierro y conocer sus historias de vida, sólo de esta manera, tendrán la certeza de tomar decisiones efectivas en la materia, plantean los juristas, activistas y defensores de Derechos Humanos.