Mujeres, organizaciones y  feministas autoconvocadas contra la violencia se declararon indignadas y movilizadas ante los crecientes feminicidios y otros hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Por ello, demandaron una Estrategia Nacional de Prevención contra los feminicidios y toda forma de violencia contra las mujeres.

En ese sentido, piden iniciativas efectivas, una asignación presupuestaria suficiente, el establecimiento de mecanismos necesarios que aseguren la ejecución presupuestaria así como la evaluación de las acciones para combatir la violencia machista.

Exigen también a los candidatos a que asuman “con seriedad y conocimiento desprejuiciado estrategias para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, coherentes con la realidad, sostenibles y financiadas, como punto fundamental en sus propuestas en el marco del respeto al Estado laico”.

Los colectivos cuestionan que no exista compromiso, ni voluntad política para asumir y desarrollar la implementación de políticas públicas de corto y largo plazo en los ámbitos educativos y de prevención, de atención, protección y sanción de la violencia efectivas, sostenibles con recursos y presupuestos suficientes.

Convocaron a cada una de las personas que habitan el país a asumir con carácter de urgencia una lucha concreta, efectiva y transformadora contra la violencia hacia las mujeres.

En ese sentido, las representantes alertan que la declaración de Año de la Lucha contra el Feminicidio y el Infanticidio y la propuesta de Alerta nacional “no tendrán ningún efecto significativo si las autoridades no se comprometen seriamente con el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de igualdad de género  y de elaborar políticas públicas de alto contenido técnico con personal calificado”.

Por similares razones, exigen también el cumplimiento de la normativa existente, en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y que se realicen los esfuerzos necesarios para generar los ajustes normativos pertinentes para luchar contra el flagelo de la violencia, trabajando en la promoción de cambios macro estructurales.   

El pronunciamiento de las organizaciones señala que en los primeros diez días de enero, la Fiscalía General ha registrado, solo en casos atendidos por el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses): 12 feminicidios, 685 hechos de violencia física, 163 casos de delitos sexuales y 5 infanticidios, lo que muestra un significativo incremento respecto al mismo periodo de 2019. 

Además observan que desde la promulgación de la Ley N° 348 se han registrado en Bolivia 753 feminicidios, lo que coloca a Bolivia entre los países con los más altos índices de violencia contra las mujeres en el continente. 

Las feministas también exhortan a las organizaciones sociales, sectoriales, políticas, culturales, a los centros educativos, a las familias, a las iglesias, a las instituciones públicas y privadas y a la ciudadanía en general, a involucrarse de forma permanente y cotidiana en la lucha contra la violencia, a cuestionar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, a contribuir a la construcción de una cultura de los derechos humanos basada en el respeto de la dignidad, a profundizar la igualdad de oportunidades, a combatir la injusticia y la impunidad, a participar activamente, exigir y vigilar el cumplimiento de las normas y políticas públicas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

Instan a los medios de comunicación y periodistas en todo el país a restablecer el carácter obligatorio - y cumplir responsablemente - de la difusión de mensajes de prevención de la violencia contra las mujeres y de la Ley N° 348 en horarios estelares y a eliminar programas que reproducen estereotipos sexistas, machistas y la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Además proponen que el gabinete de la mujer y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización generen la estrategia nacional que efectivice las políticas públicas y las normativas vigentes, priorizando instancias y acciones inmediatas, así como la participación activa de las instancias estatales pertinentes y de la ciudadanía.