El Ministerio de Justicia señaló a tres decretos supremos firmados por la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros como los medios para justiciar la compra de agentes químicos, en la cuales se evidenció soborno a funcionarios como el exministro Arturo Murillo.

Según la cartera de Estado, esos decretos fueron para “justificar la compra de agentes químicos represivos y disponer de presupuesto que fue usado en coimas y sobreprecio”.

En este caso se investiga la adquisición que se hizo, mediante el Ministerio de Defensa, de gases lacrimógenos por 5,6 millones de dólares a una empresa intermediaria radicada en Estados Unidos, cuyos dueños tenían vínculo de amistad con Murillo y su jefe de gabinete Rodrigo Méndez.

El Ministerio de Defensa mencionó que el Decreto 4090 del 3 de diciembre de 2019 autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín.

Posteriormente, con el Decreto 4116 del 12 de diciembre de 2019, se abrogó el Decreto 4090 y se autorizó al Ministerio de Defensa la contratación directa en el extranjero de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado.

Más de dos meses después, el 28 de febrero de 2020, el Decreto 4168 autorizó la reasignación presupuestaria de Bs40.068.000, casi 5,7 millones de dólares para que el Ministerio de Defensa cumpla obligaciones contraídas por la adquisición de Agentes Químicos - Gases Antidisturbios o Antimotín y otros, en el marco del anterior Decreto 4116.

Asimismo, el Decreto de febrero autoriza al Ministerio de Defensa efectuar la transferencia de los Agentes Químicos - Gases Antidisturbios o Antimotín y otros adquiridos, en favor del Ministerio de Gobierno, destinados a la Policía Boliviana.

El Ministerio de Justicia acotó que los pagos con coimas y sobreprecio en el caso se se realizaron desde marzo hasta abril de 2020 

Respecto al tema de los decretos que autorizaron la compra de los gases, el diputado del MAS, Juan José Jauregui, señaló que todos los actos administrativos que estuvieron reñidos con la ley y la Constitución tienen que ser objeto de investigación.

Anunció que si amerita se podría presentar una nueva proposición acusatoria contra Jeanine Añez y su gabinete por este caso, que podría ser por tipos penales de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Dijo que un decreto que autorice anomalías “salpica” a todos los que aprobaron esa norma.