Los magistrados y jueces del departamento de La Paz cerraron filas en defensa de su gremio, rechazaron el recorte presupuestario dispuesto para el Órgano Judicial y advirtieron con asumir acciones legales en el exterior.

Mediante un pronunciamiento conjunto, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino; el decano del TDJ, Iván Campero, y la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap), Margot Pérez, cuestionaron lo dispuesto desde el Ejecutivo y consideraron que la aplicación de medida debía ser equitativa.

Quino consideró que un recorte presupuestario no fue la forma “más efectiva” y que lo único que conllevará será en poner en riesgo la estabilidad del Sistema Judicial, afectará al público litigante y el normal funcionamiento de la institución.

Como primera medida para revertir la decisión del recorte se interpondrán recursos constitucionales y posteriormente ante instancias internacionales, anunció Pérez quien dijo que todos los jueces y magistrados del país se declararon en estado de emergencia.

“Se va interponer ante recursos constitucionales previamente internos y también se ha determinado que vamos a acudir a instancias internacionales alguien no tiene que dar la razón”, sostuvo.

El decano del TDJ de La Paz, Iván Campero, dijo que el salario es un derecho humano que se encuentra establecido por las convenciones internacionales y que, a comparación de otros países, un juez en Paraguay o Perú gana más del 70% que en Bolivia.

“Es en ese escenario axiológico que como vocales, jueces, reafirmamos la intangibilidad del salario y que comparativamente a los países vecinos, estamos en desventaja económica y no obstante a esa desventaja aún todavía se nos pretende cercenar un porcentaje de salario en desigualdad a otro sector”, dijo.

Pérez pidió que la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) pueda identificar a los responsables de la baja ejecución presupuestaria ya que habría sido una de las causas que sufrieron el ajuste en el presupuesto.

A fines de enero, se aprobó una nueva escala salarial para este año en el cual se establece que los magistrados del Órgano Judicial se vean afectados en la reducción de un 8% en sus salarios.

El recorte presupuestario de un 30% se encuentra contemplado en el Presupuesto General del Estado (PGE) de este año.