Tras haberse contabilizado la pérdida de más de 2.8 millones de hectáreas a causa de los incendios forestales, el analista Luis Eduardo Siles planteó este domingo soluciones radicales y exigió al presidente Luis Arce Catacora abrogar las leyes incendiarias y pedir ayuda internacional ante la incapacidad del Estado de controlar los incendios.

La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos pidió también ¡Declaratoria de emergencia ya! y la abrogación del paquete de leyes incendiarias y afirmó el negacionismo de Luis Arce “nos está matando” porque los bolivianos comenzarán a padecer enfermedades por la calidad del aire. “Cuántos animales más tienen que morir? ¿Cuántos bolivianos tienen que perderlo todo?, preguntó la senadora

Siles dijo que el gobierno es el único que niega la magnitud de los incendios que ya constituyen “el mayor desastre medioambiental de este siglo que no tienen origen en el cambio climático o calentamiento global, sino en las leyes y decretos incendiarios que se aprobaron entre el 2013 y 2019 legalizando la deforestación y las quemas”, comentó.

Acotó que el MAS impulsó esas disposiciones únicamente para consolidar el modelo económico desarrollista basado en la extracción salvaje de los recursos naturales, en desmedro de los pueblos indígenas a los que Evo Morales dijo representarlos.

Manifestó que la única solución para acabar en lo inmediato con los incendios, es que el presidente Luis Arce declarar desastre nacional para pedir ayuda internacional y a cambio debería anular las leyes y decretos incendiarios porque contrario el país va a perder el Madidi, una de las reservas más importantes del mundo.

“Creo que el presidente Arce está esperando que el fuego llegue hasta la Casa Grande del Pueblo o al domicilio de sus ministros para que pueda conmoverse, porque hasta ahora le ha sido indiferente la vida de los indígenas, de los animales y las personas”, manifestó.

Por su lado, la senadora Centa Rek ha presentado en el Senado un proyecto de Minuta de Comunicación para que se apruebe una Declaratoria de Desastre Nacional, debido a los incendios forestales y sequias en todo el territorio nacional han rebasado la capacidad de respuesta del Órgano Ejecutivo.

También plantea que el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE), que de forma inmediata recomiende al presidente del Estado emitir declaratoria de Desastre Nacional dado que los incendios forestales y sequía afectan a la salud de los habitantes, al medio ambiente, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), exigió tres veces declarar desastre nacional y advirtió al gobierno que no de hacerlo, será responsable por omisión que más adelante puede constituir delitos de lesa humanidad por abandonar a su suerte a poblaciones indígenas de manera flagrante.

CONADE IDENTIFICA NORMAS INCENDIARIAS

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) también exigió a las autoridades departamentales, nacionales y la Asamblea Legislativa Plurinacional abrogar el paquete de cuerpos legales y asumir todas las otras medidas complementarias para para el ecocidio en marcha en Bolivia.

1. Abrogación del Plus Beni

El Plan de Usos de Suelos PLUS del Beni, fue aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni a partir de la mayoría del Movimiento Al Socialismo MAS, (2019) excluyendo a los actores sociales y complementando las leyes incendiarias emitidas por el gobierno central de Evo Morales. Esta norma atenta contra la Amazonía, territorios indígenas, áreas arqueológicas y patrimoniales.

2. Abrogación del Decreto Supremo N° 3874

De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal - Biodiesel. El Decreto Supremo vulnera Leyes de la Madre Tierra, el Protocolo de Cartagena y una decena de otras normas.

Abrogación del Decreto Supremo N° 4334

Decreto Supremo que autoriza el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni dispuestas por el PLUS a criterio reglamentario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT. Esta autorización vulnera los principios forestales y genera incendios autorizados.

3. Abrogación de las leyes del “perdonazo” N° 337, N° 502, N° 739, N° 952

Estas normas establecen el perdonazo a aquellos predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 2017 y exonera a los autores de responsabilidad penal, civil y administrativa a cambio de “sembrar alimentos y árboles”.

4. Abrogación de la Ley N° 740

Ley de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social, suspende las reversiones de tierras no saneadas y neutraliza el control del Estado sobre su uso y evita la consumación de medidas coercitivas en su contra.

5. Abrogación de la Ley Nº 741

La Ley Nº 741 autoriza el desmonte de la cobertura boscosa de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, sin necesidad de presentar Planes de Ordenamiento Predial – POP, o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra.

En caso de la propiedad comunitaria o colectiva, la autorización del desmonte hasta veinte hectáreas (20 ha) se realizará por unidad familiar. 

Abrogación de la Ley Nº 1171

La Ley Nº 1171, Ley de uso y manejo racional de quemas, no debe tener parangón a nivel mundial, pues le confiere al incendiario la capacidad “racional” de controlar el incendio provocado, algo que está demostrado en todo el mundo, que no es posible de controlar y normar.

Abrogación de la Ley Nº 1098

La Ley Nº 1098 promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal (Etanol Anhidro y Biodiesel), dada la crisis de importación de carburantes.

Usar diésel subvencionado para producir agrocombustibles destinados a la “mescla del carburante” y pensar que de esta manera se reducen costos, es un error y una irresponsabilidad con el patrimonio y los intereses nacionales.