En medio de la polémica por el enjuiciamiento a Carlos Mesa por el caso Quiborax, el ministro de Justicia, Iván Lima, justificó que se siga el proceso contra el exmandatario bajo el argumento de que éste no se acogió a la amnistía decidida en 2018 en el plazo establecido, mientras que Comunidad Ciudadana (CC) respondió que la autoridad gubernamental pretende perjudicar al expresidente.

La polémica surgió después de una comisión legislativa aprobó un informe de juicio de responsabilidades a Mesa, acusándolo por conducta antieconómica. El caso se remonta a 2004 cuando el actual líder de Comunidad Ciudadana era presidente y anuló una concesión a la empresa Quiborax para explotar el Salar de Uyuni, lo cual derivó en un arbitraje y un pago de 42 millones de dólares acordado en el periodo de Evo Morales.

En 2018, el entonces presidente Morales aprobó un decreto, luego ratificado por la Asamblea, que amnistiaba a Mesa por este caso, como un gesto para encarar en conjunto el juicio en La Haya por la demanda marítima. Entonces, el historiador expresó su rechazo a esa decisión. 

Al reactivarse el juicio, Mesa recordó que Morales y la Asamblea aprobaron la amnistía en 2018 y que su rechazo era testimonial. 

Lima, a su turno, recordó el rechazo de Mesa a la amnistía y acotó que había un plazo establecido en el decreto de 2018.

“Nadie decide cuándo va a un juicio según su conveniencia. Mesa y Tuto Quiroga recibieron una amnistía de Evo Morales. Mesa la rechazó por un cálculo político. Ese beneficio tenía un plazo de 365 días, no es una amnistía retroactiva; debe ir a juicio por el caso Quiborax", dijo Lima, citado por el Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia publicó la Disposición Adicional Única Decreto Presidencial  3682 de 2018, el cual establece un plazo de de vigencia de 365 días. Dicha norma también establece que para acogerse a la amnistía, se debía presentar solicitud ante autoridad competente.

“El señor Mesa tiene que entender que la amnistía que le otorgó el expresidente Evo Morales, requería que él realice una sola acción, que lleve su Cédula de Identidad y que diga a las autoridades -que en ese tiempo llevaban el caso-, que quería acogerse a la amnistía; él estaba como candidato, habrá hecho un cálculo político, no sabemos, pero decidió no acogerse. La amnistía tenía un plazo de 365 días; Tuto Quiroga se acogió y Mesa no lo hizo”, agregó Lima.

Respuesta de CC

El jefe de bancada de CC y abogado Carlos Alarcón, consideró que el Ministro de Justicia pretende perjudicar de manera vergonzosa a Carlos Mesa, porque estaría desnaturalizando la figura de la amnistía.

Dijo que esa figura constitucional “no está condicionada a ningún trámite ni administrativo y judicial (…) no depende de ningún trámite inferior de índole administrativo o de índole judicial”

Alarcón acusó a Lima intentar justificar que los asambleístas “borren con el codo” la amnistía que aprobó el Legislativo en 2018.

El jurista también observó que hay una contradicción jurídica, puesto que una amnistía sólo podría aplicarse cuando empieza el proceso penal y un juicio de responsabilidades, pero aún no se abrieron esas vías.

Alarcón enfatizó que la responsabilidad de los 42 millones de dólares que erogó el Estado por el caso Quiborax corresponde al gobierno de Evo Morales y una supuesta connivencia con los abogados de la parte contraria.